(Agencias) Las 53 piezas que devolverá Cataluña forman parte de las 97 que fueron vendidas a la Generalidad por las antiguas monjas ocupantes del Monasterio de Sigena y que actualmente están en el Museo Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Un juzgado de Huesca ha de dictaminar, tras el juicio celebrado en las últimas semanas, si esta transacción fue nula como plantea el Gobierno aragonés, o plenamente válida tal como defiende el catalán.
La devolución de las 53 piezas que ni están incluidas en el catálogo de bienes culturales protegidos de Cataluña ni expuestas al público en el MNAC o en el Museu de Lleida (Lérida) es un gesto de buena voluntad para iniciar un proceso de diálogo entre las dos partes, al que el 'consejero' Vila se ha mostrado especialmente proclive desde su reciente toma de posesión del cargo, y que podría desembocar, ha avanzado hoy, en alguna forma de «uso compartido» de este patrimonio fronterizo.
Según la 'consejería', las dos partes quieren «encontrar una solución política a los diferentes conflictos abiertos sobre el patrimonio entre Aragón y Cataluña» e «iniciar un diálogo entre las dos administraciones con el objetivo de defender el patrimonio común y hacer prevalecer su interés en conservarlo y divulgarlo». Tras un encuentro de tres horas en la sede del Departamento de Cultura de la Diputación General de Aragón, en Zaragoza, Pérez ha declarado que «este es un día francamente importante en este largo proceso sobre la reivindicación de los bienes que están depositados en Cataluña».
Otro proceso en curso afecta también a las pinturas de la sala capitular de Sigena, trasladadas a Cataluña tras el incendio del monasterio durante la guerra civil y que se exhiben en el MNAC. Paralelamente, también se mantiene en pie la reclamación por parte de Aragón de las obras de arte procedentes de la mitad aragonesa del antiguo obispado de Lérida, que tras la división de la diócesis deberían haber pasado, según el Vaticano, a la de Barbastro, en lugar de seguir integrados en el museo de Lérida.
Mientras que cada uno de los distintos conflictos se han dirimido hasta el momento en los tribunales para reclamar el mantenimiento o el traslado de los bienes en litigio, según Vila las dos administraciones se han «conjurado para resolver el conflicto inmediatamente y para articular mecanismos entre Aragón y Cataluña que hagan posible una gestión conjunta del patrimonio». Los dos consejeros han acordado crear un grupo de trabajo para, según una nota de la Consejería de Cultura, «promover un instrumento común que desarrolle fórmulas de uso compartido del patrimonio».
Según Vila, «deberíamos haber llegado a la actual situación de conflicto porque no solo nos une el patrimonio sino también una responsabilidad y unos vínculos sociales, ciudadanos y culturales que exigen que cumplamos con nuestras responsabilidades y pongamos a disposición de la ciudadanía este patrimonio, que es valorado mundialmente».
