(BBC/InfoCatólica) Irlanda del Norte impone la pena más severa de toda Europa por abortar: cadena perpetua tanto para la mujer que se someta a un aborto ilegal como a cualquier persona que le preste ayuda. La condena se aplica, en teoría incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto, o en casos de malformación fetal. Lo cierto es que no hay ninguna mujer encarcelada por esa razón, porque las norirlandesas que quieren matar a sus hijos antes de nacer acuden a Escocia, Inglaterra o Gales para hacerlo.
Abortar en Irlandea del Norte sólo está permitido cuando la vida de la mujer está en peligro o ésta corre el riesgo de desarrollar un daño físico o mental permanente. En Irlanda del Norte se no aplica la Ley del Aborto (1967) de Reino Unido, a pesar de que es una de las naciones constituyentes de la unión.
Ante esta diferencia de legislaciones, la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC, por sus siglas en inglés), llevó la cuestión ante el tribunal superior, con el objetivo de extender el permiso para abortar a casos de seria malformación del feto, violación o incesto.
El caso que provocó la sentencia
Fue el caso de Sarah Ewart, una mujer norirlandesa, la que generó una amplia discusión sobre el tema. En 2013, estando embarazada de 20 semanas, viajó a Inglaterra para que le practicaran un aborto.
A su bebé le había sido diagnosticada anencefalia, una malformación cerebral congénita. Pero como los médicos le habían indicado que su vida no estaba en peligro, bajo la legislación norirlandesa no tenía permitido matarlo.
El año pasado el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte llevó a cabo una consulta pública sobre la necesidad o no de cambiar la ley para permitir el aborto en casos en lo que el feto tuviera una malformación grave.
Sin embargo, el NIHRC consideró que la consulta no iba lo suficientemente lejos, así que decidió llevar la cuestión a los tribunales.
Y en marzo de este año Amnistía Internacional, una de las organizaciones que más batalla está dando en el mundo en contra del derecho a nacer, publicó un informe sobre el tema, en el que se aseguraba que «las restrictivas leyes de Irlanda del Norte sobre el aborto son una violación flagrante de las obligaciones internacionales de derechos humanos que incumben a Reino Unido».
En su fallo de este lunes, el juez del Tribunal Supremo Mark Horner determinó que las mujeres víctimas de delitos sexuales y los casos en los que el feto tiene anomalías fatales tienen derecho a una exención de la ley.
Ahora está por determinar si será necesaria una nueva legislación específica para dar cumplimiento al fallo.
