(Agencias) Mons. Omella ha hecho esta afirmación a los medios de comunicación antes de impartir, en el marco de unas jornadas solidarias organizadas por Caritas Huesca, una conferencia sobre el documento elaborado por los obispos españoles con el título «Iglesia: servidora de los pobres».
El prelado ha explicado que la «solución» al litigio está en manos de las diócesis implicadas, la de Lérida y la de Barbastro-Monzón, y ha insistido en que la decisión final debe basarse en la sentencia de la Signatura Apostólica que ordenó al obispado catalán devolver las piezas reclamadas.
Ha asegurado no haber escuchado las afirmaciones hechas por el obispo de Lérida en el sentido de que no estaba en sus manos devolver los bienes al estar depositadas en un museo gestionado por instituciones catalanas, pero ha subrayado a renglón seguido: «me gustaría que me lo dijera a mí y hablaría con él».
En cualquier caso, Mons. Omella, que fue obispo titular de Barbastro durante el desarrollo del litigio, ha advertido en relación a este argumento que las manos «están atadas por una sentencia, que hay que cumplirla».
Ha resaltado que las piezas reclamadas desde Aragón están depositadas en el Museo Comarcal y Diocesano de Lérida a título de préstamo, y ha expresado su confianza en que los titulares de las diócesis implicadas lleguen a una solución.
El arzobispo de Barcelona, que ha descartado cualquier tipo de mediación al ser un «problema» entre dos diócesis, ha señalado que todo el recorrido judicial llevado a cabo en la jurisdicción religiosa «está hecho y no hay más que ha aplicarlo».
Crisis de valores, crisis económica
Respecto al contenido de su conferencia, el prelado ha explicado que una de las causas de la crisis económica sufrida está en una «crisis de valores» que superpone los beneficios económicos a las personas.
A su juicio, «las personas tienen que estar en el centro de toda economía y de todo desarrollo social, porque si nos centramos en las ganancias económicas volveremos a caer en otra crisis».
Mons. Omella ha reivindicado un «gran pacto social» que implique a todo tipo de instituciones, organizaciones y asociaciones en las mejoras sociales, y ha apelado a los empresarios a que «en la medida de sus posibilidades, trabajen para que todo el mundo tenga un empleo estable».
