(Efe) Ese año, el Parlamento rechazó una legislación parecida, si bien desde entonces han aumentado los casos de británicos enfermos que han recurrido a la Justicia para reclamar un pretendeido derecho al suicidio asistido, así como los viajes a clínicas especializadas en el extranjero, como Dignitas en Suiza.
La proposición de ley, que fue revocada en primera lectura tras un intenso debate, había sido introducida a título personal por el laborista Rob Marris, que abogaba por legislar para dar opción a los enfermos terminales a morir con «dignidad».
El texto propuesto habría facultado a los médicos a prescribir una dosis letal a los pacientes con una perspectiva de vida de menos de seis meses que lo hubieran solicitado.
Como salvaguardas, cada caso habría sido supervisado por dos médicos y un juez del Tribunal Superior, el enfermo habría tenido que ingerir sin ayuda los fármacos y los doctores habrían podido negarse a recetarlos.
14 años de cárcel
En virtud de la Ley del suicidio de 1961, actualmente es ilegal en Inglaterra y Gales ayudar o alentar a una persona a poner fin a su vida y está penado con hasta 14 años de cárcel.
Irlanda del Norte cuenta con una ley similar, mientras que Escocia no tiene una normativa específica, si bien en la práctica una persona puede ser procesada al amparo de la legislación relativa al homicidio.
Antes del debate, el primer ministro británico, David Cameron, expresó sus dudas sobre la necesidad de modificar la ley actual, al igual que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que instó a los parlamentarios a rechazar la propuesta de Marris.
En nombre de varios credos, Welby afirmó hace unos días que, si el proyecto se aprobaba, se crearía una situación en la que el suicidio sería visto como algo que se apoya en lugar de ser considerado «una tragedia».
La organización «Cuidar, no matar», contraria a la eutanasia, advirtió de que esta legislación era «peligrosa» y podía dejar desprotegidas a las personas vulnerables.
Por contra, la entidad a favor del suicidio asistido «Dignidad al morir» argumentaba que la nueva ley permitiría a mucha gente enferma evitar un sufrimiento innecesario.
