(ACI) En una nota dirigida el 12 de abril al Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, el P. Pedro Mercado Cepeda, también representante del Episcopado para las Relaciones con el Estado, señaló que su despacho fue informado recientemente de la intención del ministerio colombiano de reglamentar la práctica de la eutanasia en Colombia a través de una resolución.
El P. Mercado Cepeda expresó que ante este panorama el Episcopado colombiano quiere reafirmar su clara, firme e inamovible condena ética y moral a la eutanasia directa, que constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la inviolabilidad del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución.
Además, indicó, en marzo de 2013, una sentencia del Consejo de Estado estableció que el Ejecutivo no puede excederse en su potestad reglamentaria desconociendo las competencias propias del poder Legislativo.
La Corte Constitucional no está capacitada para atribuir a los organismos estatales –en este caso al Ministerio de Salud– competencias propias del Poder Legislativo. Tal acto, afectaría gravemente el orden y el equilibrio de poderes establecidos en la Constitución de 1991, advirtió.
El secretario adjunto de la CEC subrayó que el Ministerio de Salud y Protección Social no está capacitado legalmente para reglamentar la eutanasia porque no existe, hasta el momento, legislación emanada por el Congreso de la República sobre esta delicada materia.
Por tanto, advirtió, la resolución planeada por el Ministerio de Salud, está afectada por vicios de nulidad.
El representante del Episcopado para las Relaciones con el Estado criticó expresó la preocupación de los Obispos colombianos porque la resolución del Ministerio de Salud llega incluso a legitimar la práctica de la eutanasia no voluntaria (aquella que se realiza sin el consentimiento expreso y actual del paciente) y omite controles judiciales establecidos en la legislación colombiana.
La normativa abriría así las puertas a numerosos abusos, que se sumarían a los que ya padece diariamente el pueblo colombiano, sometido a servicios sanitarios deficientes, gracias a un sistema de salud que privilegia el interés económico privado por encima de la dignidad y de los derechos de los pacientes, denunció.
La norma del Ministerio de Salud, señaló, viola también gravemente el derecho de libertad religiosa y el derecho a la libertad de conciencia consagrados en la Constitución, pues desconoce la obligación ética y moral de las personas e instituciones sanitarias católicas (o pertenecientes a otras confesiones religiosas) a no dar cumplimiento a esa norma por motivos de conciencia o de identidad religiosa, ética o moral.
El secretario adjunto de la CEC advirtió que aún en el caso de que el Ministerio de Salud la legalizara ni el personal sanitario católico ni las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia Católica practicarán la eutanasia bajo ninguna circunstancia.
Se trata para nosotros de un principio moral no negociable, subrayó, demandando que se garantice a nuestros fieles y a nuestras instituciones el derecho fundamental a la objeción de conciencia.
De otro modo, lamentó, se pondría en riesgo nuestra actual cooperación con el Estado en el campo sanitario y se afectarían nuestras relaciones de colaboración en otros importantes campos.
Al concluir, P. Mercado lamentó que el ministerio colombiano, que pone tanto interés en reglamentar la eutanasia y el aborto no ponga el mismo esfuerzo en buscar solución eficaz a la grave crisis del sector salud y las necesidades de los más pobres de nuestra Patria.
Triste es ver que algunos defienden hoy el inexistente derecho a ‘morir dignamente’ mientras desconocen el derecho fundamental a vivir con dignidad, finalizó.
