(Alfa y Omega/InfoCatólica) En el texto, la denuncia especificaba, entre otros, numerosos «delitos contra la salud pública por abandono y eliminación incontrolada de residuos humanos»; abortos practicados a menores de 16 años sin el consentimiento de sus padres; vulneración sistemática de la Ley de Protección de Datos; violaciones del Secreto Profesional; constantes delitos de estafa económica a la Seguridad Social por facturar abortos de forma fraudulenta (por ejemplo, cobrando a las arcas públicas abortos químicos, de unos 50 euros de coste, como quirúrgicos, con un coste de 500 euros); y delitos de fraude y estafa fiscal, con un valor promedio de un millón de euros al año en cada centro.
La denuncia había sido preparada durante meses, y se había presentado a varios diputados y senadores del Partido Popular, además de a algunos altos cargos del Ministerio del Interior, cuya cartera ocupa don Jorge Fernández Díaz, que durante los años del PP en la oposición se había distinguido por su defensa de la vida.
Sin embargo, como explica Sánchez Galera a Alfa y Omega, «los meses pasaron sin que tuviéramos noticia del progreso de la denuncia, hasta que, en medio de ese silencio, Rajoy anunció que paralizaba la reforma de la Ley Aído. Quienes habíamos elaborado la denuncia nos pusimos entonces en contacto con varios coroneles y generales de la Guardia Civil, y nos confirmaron que, en tiempos de Rubalcaba como ministro de Interior, se había dado la orden no escrita de no investigar a los centros abortistas y, ahora, esa orden no sólo no había sido revocada, sino que se había dicho a la Guardia Civil que nuestra denuncia fuese enviada a la Fiscalía antes siquiera de investigarla».
Las palabras de Sánchez Galera apuntan incluso a un posible «fraude del Estado de Derecho, porque primero hay que investigar la denuncia y luego emprender la vía jurídica». Sin embargo, desde la Oficina de Comunicación de Interior niegan a Alfa y Omega esta implicación, y explican que «ni el Ministerio ni el ministro intervienen en el trabajo de los investigadores de la Guardia Civil, pues eso sería una ingerencia intolerable en democracia».
No obstante, y según explica Sánchez Galera, «la realidad es que hoy la denuncia sigue en el limbo, y al enviarla a la Fiscalía, el Gobierno logró dos cosas: ganar tiempo, porque parece que en junio ya sabían que no iban a aprobar la reforma de la ley del aborto; y no estorbar el negocio de los centros abortistas. Sólo con hacer cumplir la ley en lo que respecta a la facturación, los directores de los centros que hemos investigado irían a la cárcel, pero parece que al Gobierno no le interesa hacer cumplir la ley en lo que respecta al aborto».
José Antonio Méndez
