(La Prensa/InfoCatólica) Monseñor Báez reconoció que en el documento entregado al Gobierno el 21 de mayo pasado se le hizo ver al presidente Daniel Ortega la importancia de la mediación en el proceso de aplicación de la Ley 779, «con el objetivo de evitar que los matrimonios se rompieran tan fácilmente».
Sin embargo, el obispo explicó que con esa posición «nunca» quisieron decir que los obispos y sacerdotes «iban a ser mediadores ni estar al mismo nivel de otros organismos de la sociedad civil o del Gobierno».
Mons. Báez también quiso dejar claro que se debe separar «lo que toca al Gobierno en el ordenamiento jurídico, económico y político de una sociedad y el papel de la Iglesia que se sitúa a nivel de educación de la conciencia, de proclamación de valores evangélicos».
El obispo auxiliar confirmó que en los próximos días se reunirá la Conferencia Episcopal para analizar este tema.
Abuso estatal
Por su parte, el vicario de Familia, Vida e Infancia de la archidiócesis de Managua, Mons. Silvio Fonseca, calificó el reglamento de la Ley 779 como un abuso estatal sin precedentes en la historia eclesiástica de Nicaragua, por incluir a la Iglesia para que actúe como «policía voluntaria», auxiliando a las autoridades en los problemas de familia.
«La Iglesia no puede ser equiparada a un organismo social ni mucho menos a un brazo del Estado. La Iglesia católica existe para servir a Jesucristo y a la humanidad; en segundo lugar», aclaró el vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua.
«Materia sagrada»
Además, Fonseca explicó que la misión de «la Iglesia en materia de conflictos familiares íntimos, son asuntos de dirección espiritual y secretos de confesión y de ninguna manera deben ser revelados y comentados, porque son de materia sagrada».
«Esta reglamentación, donde específicamente se menciona a las pastorales e Iglesia, es sin precedente en la historia eclesiástica de Nicaragua, porque somos un Estado laico y eso es competencia religiosa, de conciencia», agregó Fonseca.
Pastor protestante rechaza la ley
El pastor protestante Augusto César Marenco rechazó el contenido de la reglamentación de la Ley 779, la que como política de Estado manda a la Iglesia en Nicaragua que se convierta en instrumento de la Policía Nacional, Fiscalía, Corte Suprema, en la aplicación de la Ley 779.
«Eso hay que analizarlo profundamente porque la Iglesia es luz del mundo y no necesita estar organizada en estructuras estatales para que esta pueda hacer su función que le corresponde como un cuerpo de apoyo para la sociedad», reflexionó Marenco.
