(EP/InfoCatólica) «No se ha producido ningún cambio ni en las intenciones del Gobierno ni en la doctrina del Tribunal Constitucional que afecten al anteproyecto de ley ni existen tampoco razones de urgencia que así lo justifiquen, así que el Grupo Parlamentario Popular no estima oportuna la celebración de una sesión extraordinaria», ha dicho su portavoz, José Miguel Castillo.
El diputado ha reiterado la posición que viene expresando tanto el titular de Justicia como la ministra de Sanidad, Ana Mato, y la vicepresidencia del Gobierno sobre este asunto en los últimos tiempos: que la reforma es fruto de la necesidad de ajustar la ley al derecho constitucional que obliga al legislador a proteger la vida humana y que para elaborarla se han solicitado más de 60 informes a distintas instituciones cuyas recomendaciones están siendo analizadas para su incorporación al proyecto definitivo.
Según ha explicado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, es necesario que Gallardón acuda al Parlamento ante el «conflicto social» que ha creado, el «conflicto internacional» que se va a producir cuando España participe en foros globales sobre población y el «conflicto institucional» que puede darse entre el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional.
«El Constitucional anunció en enero que tenía ya el informe del ponente (sobre la ley actualmente en vigor) para que fuera trasladado a Pleno y dio entonces un plazo al Gobierno de Rajoy, hasta julio, para ver si era capaz de promover una nueva iniciativa y que no fuera necesario emitir sentencia en relación a la constitucionalidad de la ley», ha planteado.
En su opinión, en la actualidad puede producirse «un choque de trenes» pues, «por una parte, está la iniciativa legislativa aplazada por el Gobierno y por otra, el compromiso del Tribunal Constitucional de convocar su sala plenaria para decidir sobre la sentencia en torno a la actual ley». «Si esto no es un conflicto, nada lo es para el Gobierno», ha añadido.
Desde el Grupo Socialista, Carmen Montón ha puesto el acento en que «cada vez que comienza un periodo de sesiones se produce la misma amenaza a las mujeres» y es la aprobación, siempre en ciernes, del que a su juicio es «el mayor retroceso de la democracia». «Hartas como estamos muchas mujeres de que nuestra libertad y derecho sea para este Gobierno la moneda de cambio con los sectores ultras, pedimos al ministro que explique a las claras sus intenciones», ha reclamado.
Para Montón, Gallardón tiene que rendir cuentas en el Parlamento «de una vez por todas» y «dejar de especular y frivolizar en la prensa» o asumir, directamente, que «han perdido esta batalla, que la sociedad no quiere penalizar el aborto» y «esconder la contrarreforma en los cajones de Moncloa».
