(EP/InfoCatólica) «Si el hecho de que esas circunstancias provocasen una incapacidad absoluta de la madre para seguir adelante con el embarazo, la única justificación de la no penalización no sería la discapacidad, nunca, sino los efectos que esa situación pueden generar en la madre y la incapacidad para abordar esa situación», ha apostillado.
El ministro ha incidido en que no se puede establecer «un sistema en el que por el hecho de tener algún tipo de carencia se tengan menos derechos que aquellos que no la tienen».
«En el sistema que regularemos jamás será la discapacidad, serán los hipotéticos daños que se cause en la mujer los que podrán establecer un régimen de ausencia de reproche penal, pero nunca la discapacidad establecerá ciudadanos de primera y de segunda, ni después de nacer ni antes de nacer», ha asegurado.
No es mera dialéctica
Según ha destacado, aunque se «puede decir que esto es pura dialéctica, no lo es, es un principio», el de que «nadie puede tener menos derecho por tener menos capacidad». Gallardón, que presentará «en breve» el proyecto para su remisión a las Cortes ante el Consejo de Ministros, ha recordado que el compromiso electoral del PP fue «establecer un mecanismo acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional» y ha asegurado que lo será, aunque no ha querido ofrecer los detalles.
El aborto no es un derecho
Sí ha reiterado que la norma «jamás» considerará el aborto como un derecho. «El aborto no es un derecho y jamás lo ha reconocido así elTribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que es exclusivamente una situación en la que el Estado, por razones excepcionales, renuncia al reproche penal», ha añadido.
En su opinión, «lo esencial» no son los detalles sobre los supuestos que finalmente se van a despenalizar, sino el hecho de que «el concebido, desde el mismo momento de su concepción, tiene un proyecto de vida que está protegido por la Constitución, porque todos tienen derecho a la vida».
