En los artículos de la ley se obliga a «fomentar la homosexualidad», a «reeducar» a funcionarios y alumnos de todos los ciclos de la escuela pública, concertada y privada, presentando «en términos positivos» y promocionando en los centros educativos, en la cultura, el tiempo libre y el deporte, la homosexualidad.
El lobby GLBTI, un verdadero pensamiento ideológico determinante en gran medida de la vida política, con su propuesta de discriminaciones «positivas» y «negativas» que se han apresurado en aplicar los políticos legisladores, pretende, desde un victimismo atávico y chantajista, que los demás acepten sus prejuicios como verdades inconcusas, ejerciendo un espíritu sectario y totalitario tendente a la dictadura del relativismo, buscando obtener derechos para participar de un modo privilegiado de un Estado benefactor.
El hombre andrógino que postulara Roger Garaudy, capaz de integrar lo masculino y lo femenino, está en marcha. Y lo peor es que no hay nada que parezca detenerlo. El triunfo del homosexualismo político está servido. Se trata de una potente voluntad de cambiar al hombre y a la mujer, una ambición prometeica que apunta a destruir la herencia judeocristiana, el intento hecho realidad de moldear la naturaleza desde la legislación y la educación. ¿Qué impide ya rehabilitar el espíritu de Orlando, de Virginia Woolf, cambiar de sexo y tener múltiples aventuras, cuando existe un Estado que sacraliza la homosexualidad y exalta de modo irresponsable la «ideología de género»?
Esta «ideología de género» pretende instaurar una cultura sin sexos, sin identidad sexual, pero sí con orientaciones sexuales (heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad), en la que cada persona, independientemente de las características biológicas con las que nazca, pueda elegir con libertad la orientación sexual por la que sienta inclinación. Ya no existe entonces un orden natural, proveniente de la Creación. El único orden posible es el orden estatal, el orden como creación humana frente al orden como creación divina. El mundo deberá regirse por una normatividad estrictamente secular, establecida por la voluntad general a través de la ley, siendo subversiva cualquier moralidad fundada en el Derecho Natural.
El objetivo principal de la «ideología de género» es modificar la naturaleza humana. En esta ideología lo cultural es lo natural en el hombre. Esta refundación de la naturaleza humana alcanza, como lugares clave, el ámbito de la educación y de la familia, aprovechando para ello la legislación. Eliminada la naturaleza, el hombre sólo tiene que seguir el impulso de sus deseos, haciendo aquella moldeable por el poder político. Sin negar las evidentes diferencias anatómicas, se ataca el concepto de naturaleza humana y, por tanto, también la familia, considerándola el espacio donde se transmiten los «estereotipos» de conductas asumidas que marcan al niño, asignándole lo que es femenino y masculino, una esfera jerárquica y autoritaria, un ámbito natural de violencia. El relativismo familiar termina significando, en la práctica: todos los modelos de familia son iguales, todos valen lo mismo, salvo el tradicional, que es patriarcal, machista y represivo.
Alterar la naturaleza humana ya era un sueño de Rousseau: «quien se atreva a acometer la empresa de instituir un pueblo, debe sentirse capaz de cambiar, por así decirlo, la naturaleza humana». Es preciso despojar al hombre de sus propias fuerzas, a fin de darle otras que le sean extrañas. Comenzaban así los intentos de transformar la naturaleza humana y lograr el ciudadano perfecto, el citoyen, que consagraba la figura del burgués, del hombre moral irreprochable, renovado y neutral. El Estado Moral de Rousseau justifica la politización ilimitada, al atribuirle al Estado la misión de educar a las gentes. Sacraliza la ley al servicio del poder, con lo cual se hace inútil hablar de la verdad. Rousseau será el profeta encendido de los nuevos ilustrados que pretenden directamente configurar el orden político y que acuden para ello a la idea de la Ley.
El Parlamento de Cataluña -precedido por Galicia y con próxima parada en Andalucía y el País Vasco- se convierte así en el verdadero promotor de la degradación de la sexualidad humana, al conceder a cualquier opción o tendencia sexual el rango de ley. El relativismo moral y la mentira biológica y científica de la neutralidad sexual constituye uno de los más urgentes desafíos cuando el objetivo político y administrativo no es otro que deconstruir la sociedad con el fin de garantizar una falsa igualdad en todos los planos de la vida, despreciando la procreación y la maternidad, desestabilizando la familia como institución social.
La ley facilita la deconstrucción de la identidad personal al permitir regular el cambio de sexo cuando «no se corresponda con su identidad de género», haciendo de la identidad sexual una variable subjetiva de la persona. La naturaleza se elimina, y cada uno puede inventarse a sí mismo cuantas veces quiera. El deseo es el fundamento suficiente para alterar la realidad, exaltando así una libertad omnímoda, cuya mejor expresión consiste en la ruptura de cualquier condicionamiento natural. Ha sido Marcuse un exponente magnífico de la idea, bastante perversa por otro lado, de que el deseo gobierne el mundo y el nuevo hombre.
El reconocimiento legal de la indiferenciación sexual que el Parlamento de Cataluña se empeña en llevar adelante constituye un verdadero reto antropológico en su voluntad de destruir la sociedad -ignorando sus fundamentos-, corromper la conciencia y socavar la institución de la familia. Sin duda, como afirmaba Chesterton, la familia necesita una considerable corrección y reconstrucción, «debiera preservarse o rehacerse», pero no permitir que se fuera desmoronando. Y mucho menos negar su propia sustantividad al albur de la cultura, los medios de comunicación, la Universidad o una nefasta legislación.
Publicado originalmente en Ecclesia
