(Agencias/InfoCatólica) La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), a la que el Ministerio de Justicia ha pedido un informe de consulta (entre otras), solicita directamente la retirada de la norma. Las clínicas realizan el 93% de los abortos con conciertos con la sanidad pública.
En su análisis de la reforma, enviado esta semana al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, aseguran que la ley «desconfía» de la ética y la profesionalidad de quienes las atienden, ya que exige que dos médicos –que no trabajen en el centro donde se hará la intervención– certifiquen que la salud de la mujer corre grave riesgo si quiere acogerse a ese supuesto para abortar.
Acai sostiene que el diseño de la ley impone tantas barreras administrativas –visita a dos médicos, trabajadores sociales, siete días de espera...– que hace el acceso casi inabordable. Citan la exposición que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en dos sentencias, en las que condenó a Polonia e Irlanda por dificultar el acceso a esta intervención. «Una vez que el Estado, actuando dentro de sus límites de apreciación, adopta disposiciones leales permitiendo el aborto en algunas situaciones no debe estructurar su marco jurídico de tal forma que limite las posibilidades reales de obtener un aborto», dice una de esas sentencias.
Acai apunta también que con los numerosos pasos que la ley prevé hasta llegar a la intervención, la paciente habrá dejado su información íntima en multitud de documentos, registros y habrá tenido que contar su caso a varios profesionales. Un ataque contra su intimidad, valora Acai, que afectará en mayor medida las mujeres de poblaciones pequeñas y a aquellas que soliciten el aborto por violación.
En su documento de análisis las clínicas llaman la atención, además, sobre la «desprotección» que sufrirían los médicos con la nueva ley. Los profesionales «quedarán al albur de la revisión e interpretación que de sus actuaciones profesionales realicen los juzgados y tribunales de justicia», dicen.
El anteproyecto de ley del aborto dispone que la embarazada tendrá que recibir información sobre las opciones disponibles si decide seguir adelante con la maternidad; tras lo que tendrá siete días de reflexión. Un tiempo que Acai considera absolutamente excesivo, porque se prolongaría la «situación de angustia» en la que se encuentra la mujer que adopta la decisión de interrumpir su embarazo.
Amnistía Internacional
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha enviado una carta al Ministerio de Justicia en la que le pide la retirada de la reforma de la ley del aborto porque supone un riesgo para la salud de las mujeres y de las niñas e incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por España. Lo ha asegurado la organización en un comunicado, en el que la directora adjunta para Europa, Jezerca Tigani, ha afirmado que el anteproyecto si se convierte en ley «retrotraería al país varias décadas, a una época precaria para los derechos humanos de las mujeres y niñas».
A su juicio, la reforma podría aumentar el número de mujeres que recurren a procedimientos «peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales» poniendo en riesgo su salud, e incluso su vida. Para el director de AI en España, Esteban Beltrán, la reforma afectará «desproporcionadamente» a las jóvenes pobres, porque no tienen los medios necesarios para viajar al extranjero y acceder a abortos seguros. Añaden que la reforma exige a las mujeres que se quedan embarazadas tras sufrir una violación presentar una denuncia antes de poder abortar de forma legal, lo que sería «particularmente problemático» para algunas mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular.
La organización también ha trasladado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió en 2012 al Gobierno que garantizase la implementación de la ley actual de plazos para asegurar a todas las mujeres el acceso a abortos seguros y legales. El relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa, por su parte, han alertado, según AI, de que las leyes restrictivas del aborto no consiguen reducir el número de éstos, sino que contribuyen a incrementar los procedimientos ilegales e inseguros, así como la mortalidad materna.
