(Aleteia/InfoCatólica) El concepto de «fobia» pasó a ser usado, de manera general, para indicar la actitud negativa y la injusta discriminación de personas o de situaciones, identificadas por la palabra que se combina con el término «fobia»: piense en la «cristianofobia», ya presente en muchos países, cuyo objetivo (de ataques físicos, asedio moral y marginación) son los cristianos; o la «homofobia», que es la violenta aversión a las personas homosexuales. En el caso del aborto, sin embargo, la situación «denunciada» como si fuera prejuiciosa es la oposición a un verdadero delito, que es el de asesinar a un niño.
En la sociedad de hoy, en que se defienden a capa y espada los derechos de todos, menos los del feto, el nuevo absurdo parece no escandalizar a casi nadie. Por el contrario: quien se opone al aborto es quien se vuelve el «culpable» a castigar, aunque sólo exprese una opinión o pida que las mujeres que planean abortar sean debidamente informadas sobre todas las alternativas que podrían sustituir ese gesto extremo.
El paladín de los derechos de los abortistas parece ser Francia, donde la ley Weil, de 1975, creó el «delito» de obstrucción del aborto». Quien comete ese «delito», el de obstaculizar el aborto, puede ser considerado un «abortofóbico».
Una nueva medida legal propuesta en Francia, contraria a quien está contra el aborto, incluye dos artículos de extraordinaria gravedad: el primero altera la ley actual, que ya permite el aborto para las mujeres «en situación de dificultad». Esta ley es de amplia interpretación, tanto que la historia francesa no relata un único caso de mujeres que hayan tenido un aborto negado por ausencia de tal «situación de dificultad». Aún así, el texto será alterado y la nueva ley dirá que el aborto está permitido para las mujeres «que no desean llevar a cabo el embarazo a término».
En la práctica, poco cambia: el aborto en Francia, al final, ya está permitido para cualquier mujer que lo solicite; pero el cambio es decisivo desde el punto de vista del principio. El aborto no será ya considerado como la consecuencia de una dificultad, como un drama, como una derrota, y sí como una opción completamente normal; como un derecho (cf. La Nuova Bussola Quotidiana, 24 de enero).
La segunda alteración en la legislación francesa prohíbe obstaculizar el aborto no sólo físicamente, lo que ya estaba en vigor, sino también psicológicamente. La lectura de los trabajos preparatorios revela que la intención del legislador es prohibir que en los hospitales las mujeres sean informadas sobre las alternativas al aborto; prohibir, también, que los voluntarios de los centros de apoyo a la vida circulen por los hospitales; y prohibir, incluso, aun fuera o en la proximidades de los hospitales que haya protestas o divulgación de informaciones pro-vida a las mujeres. Esa ley fue aprobada en la primera sesión, pero debe ser sometida a una segunda.
La ministra francesa de los Derechos de las Mujeres, Najat Belkacem-Vallaud, fue los suficientemente lejos para declarar que el número de abortos en Francia aún es «muy bajo». Aparentemente, ella piensa que es poco el hecho de que 35% de las mujeres francesas ya abortaron y que, sólo el año pasado, 220 mil niños fueron abortados en el país, frente a 810 mil que nacieron. Otra ministra francesa, y de Salud, Marisol Touraine, llegó a pedir que Francia haga una «movilización» contra la ley del país vecino, España, que pretende establecer algunas restricciones al aborto.
La «abortofobia» parece destinada, por lo tanto, a tener larga vida en tierras francesas. Y la primera víctima fue un hombre de 84 años, Xavier Dor, conocido activista pro-vida que fue declarado culpable de dar a una mujer embarazada un par de zapatos de bebé con el fin de disuadirla de abortar. Él deberá pagar una multa de 10.000 euros o corre el riesgo de quedar aún un mes en la cárcel.
A causa del «delito» de «abortofobia», los franceses pro-vida pueden ahora ser procesados y condenados simplemente por realizar actividades de información y disuasión en los hospitales, por indicar un número de teléfono a una mujer embarazada o por proponerle una reflexión sobre lo que es el aborto.
De la misma forma, son criminalizados aquellos que organizan y participan en las Marchas por la Vida o mantienen páginas web con informaciones contrarias al aborto. La pena máxima prevista por la ley es de dos años de prisión a 30.000 euros de multa.
Ante los magistrados que leyeron su sentencia, Xavier Dor, que desde hace años define el Estado Francés como «République luciférienne», declaró, desde lo alto de sus 84 años: «Delito es asesinar a un niño».
