(HO/InfoCatólica) «La homofobia no se debe tolerar más en Europa más. Muchos de nosotros, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, hemos vivido durante mucho tiempo con miedo. Mi informe dice que la UE debe actuar ante esto, para que nosotros también podamos disfrutar de los derechos garantizados a todos en la UE», señalaba Ulrike Lunacek relator (Verdes / ALE, AT ). Según los eurodiputados que han apoyado este informe, se debe revisar el Derecho Penal para incluir «los delitos sesgo y la incitación al odio por motivos de orientación sexual e identidad de género», en el marco de la actual decisión. También se señala:
- Que la Comisión debe elaborar directrices para garantizar que las directivas sobre el derecho de los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y sobre el derecho a la reagrupación familiar «se implementan con el fin de garantizar el respeto de todas las formas de las familias legalmente reconocidos en las leyes nacionales de los Estados miembros».
- En el campo de la educación, la Comisión debe promover la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en todos sus programas de juventud y educación, dice el texto. También debería facilitar el intercambio de buenas prácticas en la educación formal entre los Estados miembros, incluidos los materiales de enseñanza, contra el acoso escolar y las políticas contra la discriminación, de manera no vinculante.
- Los eurodiputados dicen que los estados miembros deben «establecer o revisar los procedimientos de reconocimiento de género legales para que respeten plenamente el derecho de las personas transexuales a la dignidad ya la integridad corporal», por ejemplo, para impedir cualquier requisito para que puedan someterse a la esterilización. Añaden que la Comisión debe seguir trabajando con la Organización Mundial de la Salud para dejar de considerar a las personas transexuales enfermos mentales.
Pero el texto de la resolución adoptada hoy establece claramente que esta política integral debe respetar las competencias de los Estados miembros. Cuando se presentó el informe preliminar ante el Parlamento europeo en octubre de 2013, ya se advirtió que estas cuestiones provocarían fuertes reacciones, dado que el documento supone una injerencia en áreas que son competencia de los Estados miembros, no de la Unión, como es todo el área referente a la ley de familia.
