(HO/InfoCatólica) El proyecto del Gobierno francés de convertir el aborto en un «derecho pleno» de las mujeres, incluyendo modificaciones en el articulado de la llamada Ley de igualdad entre hombres y mujeres vía enmiendas, ha comenzando a estudiarse este lunes por los diputados. Igual que ha sucedido al negar la realidad del matrimonio (ley Taubira), la intentona abortista tiene una clara respuesta de rechazo cívico.
Este proyecto de ley galo, que entre otras cosas prevé reservar una baja por paternidad a los padres, es aceptado en general por todos los grupos, pero incluye dos enmiendas sobre el aborto que han hecho saltar la alarma en la defensa del derecho a la vida:
La primera está destinada a acabar con el último obstáculo para el acceso libre al aborto: La actual ley francesa, aprobada en 1975, señala que el aborto está reservado a las mujeres en situación de «desamparo». La enmienda presentada por los socialistas establece que «una mujer embarazada que no quiera proseguir con su gestación» puede pedir un aborto, que en Francia está cubierto por la seguridad social.
«El derecho al aborto debe ser considerado un derecho pleno, no condicionado a ninguna justificación que se imponga a las mujeres», señalaba la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud Belkacem, gran artífice de esta reforma. Entre los opositores al aborto, ese cambio echa por tierra el espíritu de la ley de 1975, en la que queda establecido que el aborto debe ser «un último recurso», pero no «un derecho pleno».
«El aborto pasa a ser, prácticamente, la primera opción para un gran número de mujeres. Es un método anticonceptivo más. Es la banalización del aborto», asegura la portavoz del colectivo Juntos por la vida, que el domingo convocó la gran manifestación en París y reunió, según sus cifras, a 40.000 personas.
El otro caballo de batalla reside en el artículo mordaza con el que se trata de silenciar la voz de los provida: la enmienda que busca reforzar el delito de «obstaculización» al aborto, penado con dos años de prisión y 30.000 euros de multa. Prevista inicialmente para perseguir a todos aquellos que organizaran actos contra las clínicas que practican abortos, la enmienda extiende el castigo también a los que desinformen sobre el acceso al aborto, dado que precisamente se ha definido previa y falsamente como un «derecho».
Como denuncian los defensores del derecho a la vida, se trata de «un atentado a la libertad de expresión» que permitirá hasta el cierre de páginas de internet para impedirles hacer el trabajo de acompañamiento a las mujeres embarazadas, por mucho que Vallaud Belkacem trate de disfrazarlo indicando que se trata de «reprimir la desinformación, no la información de alternativas al aborto». La misma ministra evidenciaba la arbitrariedad, al añadir a renglón seguro: «si se trata de una información equilibrada».
Las enmiendas sobre el aborto cuentan con el respaldo de los socialistas y de sus aliados de izquierdas. La oposición de la UMP aparece dividida, con algunos diputados favorables a la misma mientras que otros, representantes del ala más democristiano de la formación, están en contra.
El presidente de la Fundación Jérôme Lejeune de niños trisómicos, Jean-Marie Le Méné, denuncia que el aborto está constituyendo «un genocidio» para los afectados por el Síndrome de Down.
