(PpE/InfoCatólica) Las conclusiones del citado Informe son las siguientes:
- En lo relativo a libertad de enseñanza, la inclusión de la educación diferenciada por sexos y la introducción de una cierta flexibilidad en la configuración de la oferta formativa y en el diseño de los métodos pedagógicos propios de los centros resulta positiva desde el punto de vista de la libertad de enseñanza. No obstante, los conciertos educativos siguen sometidos al criterio y normativa de las comunidades autónomas, de manera que el derecho de los padres a elegir el centro que prefieran para sus hijos no está en absoluto garantizado, como sucede hasta ahora. En este sentido, la LOMCE ha desaprovechado la ocasión para garantizar una verdadera libertad de enseñanza acabando con la dialéctica enseñanza pública-enseñanza privada y admitiendo modelos en los que los padres sean verdaderos protagonistas de la educación de sus hijos, como el cheque escolar.
- El derecho y deber de conocer, estudiar y aprender en castellano se aborda de manera tan débil y ambigua que, lejos de quedar garantizado, sigue a merced de los gobiernos y la normativa autonómicos. Lamentablemente, en las comunidades con lengua cooficial, el derecho a estudiar y aprender en castellano se vulnera sistemáticamente, situación que la LOMCE debería haber previsto y resuelto con mayor rotundidad.
- En educación en valores, resulta positiva la desaparición del Área de EpC del sistema educativo español dado que ni el Estado ni la Administración educativa pueden imponer valores obligatorios a los alumnos. Por el contrario, en cumplimiento del artículo 27. 3 de la Constitución se debe garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. La LOMCE, sin embargo, no resuelve la situación de los miles de alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) que han sido suspendidos por razones de conciencia. Profesionales pro la Ética había cursado una petición de exención académica para estos alumnos al Gobierno, al Partido Popular y a los diputados de la Comisión de Educación.
- Las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos deberían ceñirse a describir y explicar conceptos y elementos de sociología, derecho, politología y filosofía adaptados a la etapa correspondiente y al mundo actual sin imponer como irrefutables valores, opiniones, creencias o ideologías sujetas a discusión y opinión. Aunque aún no se ha hecho público el contenido de ambas asignaturas, es previsible que, dado el margen que tienen las comunidades autónomas para el establecimiento de horarios, las comunidades autónomas de cualquier signo las utilicen como herramienta ideológica. Los padres y la sociedad en general deberán estar atentos a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las nuevas materias escolares.
- El establecimiento de una asignatura alternativa a Religión y la consideración académica de esta resulta positivo porque responde a los Acuerdos Iglesia-Estado, de rango internacional, y a la demanda de los padres y los alumnos que eligen esta materia escolar y no deben ser discriminados por este motivo.
Por último, el Informe recuerda que «conviene recordar que la libertad de enseñanza es única y tiene varias dimensiones: creación y elección de centros educativos y modelos pedagógicos, deber y derecho de estudiar y aprender en español y libertad para educar a los hijos en las propias creencias y convicciones morales y religiosas.
Es deseable que la libertad no se fragmente en función de intereses corporativos, ideológicos o políticos; cuando eso sucede, se vulneran derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Resulta decepcionante que la LOMCE sea tan solo una reforma parcial de la Ley Orgánica de Educación (LOE) impulsada por Zapatero y consolide las bases de las leyes educativas socialistas hasta ahora vigentes, en cuyos principios pedagógicos está la principal causa del fracaso de la educación española. Ha sido llamativa la incapacidad mostrada por el Gobierno del PP para gestionar adecuadamente el trámite de elaboración y comunicación de esta reforma educativa y la irresponsabilidad de la mayor parte de la oposición política y social al no aportar ni una sola propuesta para mejorar la educación en España».
