(Agencias/InfoCatólica) En declaraciones a Europa Press, Giménez Barriocanal ha explicado que la Iglesia, al ver el contenido de esta ley foral instó al Gobierno a interponer un recurso de inconstitucionalidad, dado que la Iglesia como tal no podía hacerlo, porque «lo que se estaba poniendo en tela de juicio eran los acuerdos que había firmado el Gobierno de la nación con las confesiones religiosas».
La ley navarra, según ha apuntado Barriocanal, reducía las exenciones de la Iglesia «de una manera claramente discriminatoria», de forma que, por ejemplo, un comedor parroquial para personas sin hogar instalado en dependencias parroquiales tendría que pagar el IBI.
«La Iglesia veía que esa ley foral, no solo disminuía el régimen fiscal, sino que afectaba a la naturaleza de los acuerdos Iglesia-Estado, no solo al tratado internacional de la Iglesia sino a los acuerdos de colaboración suscritos con otras confesiones religiosas. En esa línea se instó al Gobierno para que presentara un recurso de inconstitucionalidad», ha precisado.
Con esta sentencia, según ha comentado, lo que hace el TC es «dar seguridad jurídica a los tratados internacionales» y permite conocer «las reglas del juego» dejando claro que «los tratados internacionales y los acuerdos están por encima de la legislación particular de la Hacienda Foral».