(Efe) «Como aragonés, la carta de los obispos me ha decepcionado», ha dicho el consejero, quien ha considerado la decisión «errónea», aunque respetable, y ha estimado que las solución a este problema se va a dilatar más en el tiempo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Bermúdez de Castro ha asegurado que lo que los obispos deberían hacer es «intentar buscar las fórmulas adecuadas y necesarias para lograr que los bienes vuelvan a su lugar de origen», y en su carta «no proponen nada» y entienden que con la llegada del nuevo nuncio se va a solucionar todo.
Seguirán buscando fórmulas legales
«Nosotros entendemos que no» y el Gobierno de Aragón, ha apuntado el consejero, va a seguir trabajando junto con los servicios jurídicos en la búsqueda de soluciones a un problema que viene de hace muchos años.
El Ejecutivo aragonés no va a estar «parado» y buscará todas las fórmulas legales posibles para que los bienes regresen a Aragón, ha remarcado el consejero.
En cuanto al requerimiento a Cataluña de devolución de las pinturas murales de la Sala Capitular del Real Monasterio de Sijena (Huesca) después de que su legítima propietaria, la Orden de San Juan de Jerusalén, cediera al Gobierno de Aragón los derechos para reclamarlas, ha indicado que están pendientes de una respuesta de la Generalidad, que espera que se produzca en los próximos días, y en función de ella el Ejecutivo aragonés tomará una decisión.
Tal vez procesalmente sea precisa, para la intervención del Gobierno de Aragón, una cesión al mismo por parte de la Iglesia de esos bienes. Pero ella sólo debería hacerse previo reconocimiento de ese Gobierno de que, una vez recuperados los bienes, serían devueltos a su legítimo propietario: las parroquias de Aragón de donde proceden.
Son bienes eclesiásticos
Son bienes eclesiásticos y no cabe la entrega de los mismos a una institución civil aunque sea aragonesa. Supongo que además se requeriría para ello autorización de la Santa Sede. Y hasta es muy probable que el Vaticano, que reconoció la propiedad de las parroquias aragonesas, termine prefiriendo que dichos bienes sean propiedad de la Iglesia de Lérida que del Gobierno civil de Aragón. La Iglesia ilerdense fue, al fin y al cabo, legítima depositaria de esos bienes, el Gobierno de Aragón jamás tuvo sobre ellos título alguno
