(Analítica/InfoCatólica) Con ese fin han recurrido a la Cancillería colombiana a objeto de que exhorte al Gobierno venezolano para que deje en libertad a Kamel Salame y sus trabajadores encarcelados con él, entre quienes se encuentran cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana.
En opinión de Monseñor Luckert, Arzobispo de Coro, «la privación de libertad de Kamel Salame y sus siete trabajadores por espacio de 56 meses sin juicio, constituye un retardo procesal en la celebración de su juicio oral y público y una vulneración al debido proceso». Enfatizó,«esto es una violación de sus derechos humanos, de sus derechos constitucionales, que no debemos dejar pasar por alto como seres humanos y como cristianos, lo contrario sería hacernos cómplices de este atropello judicial».
«Como en esta causa hay cuatro ciudadanos colombianos imputados e injustamente presos, la Conferencia Episcopal Colombiana solicitó al Gobierno colombiano su avocamiento a este caso, por encontrarse privados de libertad ilegalmente con el agravante de que en cinco años no les han podido comprobar delito alguno», acotó el prelado. «Por lo que me comentó Kamel el Consulado de Colombia en Barinas ya empezó a tomar cartas en el asunto, algo que celebramos con la esperanza de que sea la antesala de buenas nuevas», añadió.
Consultado Monseñor Luckert sobre la situación de Kamel Salame, dijo «a él le colocaron la etiqueta de narcotraficante para tenerlo tras las rejas, ese es el principal obstáculo en su caso, por eso no le hacen juicio porque los delitos que le imputaron son inexistentes».