(Efe) Según reza el comunicado del Arzobispado de Santa Cruz, Mons. Gualberti también lamentó que se pretenda «desconocer que la vida humana inicia al momento de la concepción de una persona y no con el nacimiento de la criatura» mediante una modificación que, según dijo, se busca introducir en la nueva ley de la niñez y juventud.
«Estas iniciativas de muerte son impulsadas por fundaciones extranjeras que contando grandes medios económicos a su disposición, presionan e imponen estas políticas imperialistas con el fin no declarado de lograr el control de la natalidad y la limitación de la población de los países en vía de desarrollo como el nuestro», dijo.
El aborto está penalizado en Bolivia salvo en caso de embarazos producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto y cuando la vida de la madre esté en riesgo, pero para practicarlo en alguna de estas situaciones se requiere un permiso judicial previo.
En las últimas semanas, la despenalización del aborto ha generado polémica entre quienes respaldan esta medida y quienes la rechazan, después de que el presidente del TC, Ruddy Flores, revelase que el tema es debatido en ese organismo.
El TC debe responder a un recurso planteado por una diputada que cuestiona varios artículos del Código Penal, que penaliza el aborto en Bolivia y solo lo autoriza en determinadas circunstancias.
El presidente boliviano, Evo Morales, sostuvo el viernes que el aborto «es un delito», pero anunció que analizará con sus ministros el debate en torno a su despenalización.
Gualberti señaló hoy que «es incomprensible que grupos locales y algunas autoridades den su apoyo a esas iniciativas que van en contra de los esfuerzos y estrategias que se están haciendo» en el país para que se reconozca el «derecho a la autodeterminación en todo los ámbitos» y se respeten las «creencias y culturas».
Organizaciones feministas han manifestado su respaldo a la despenalización, que también es apoyada por cuatro ministros de Morales, según informaron medios locales.
Por contra, además de la iglesia católica, también han expresado su rechazo a la iniciativa algunos parlamentarios oficialistas y las iglesias evangélicas bolivianas.
