(Aleteia/InfoCatólica) Para los obispos costarricenses este proyecto de ley se presta a la confusión pues se han dado diversas interpretaciones no solamente en el ámbito nacional, sino también en el plano internacional.
Hay que recordar que en San José, la capital de Costa Rica, se encuentra asentada la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo muy influyente en materia de defensa de derechos humanos de los pueblos de Iberoamérica y El Caribe.
Fundados en la verdad y en la razón
«La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la complementariedad de los sexos, dicen en su comunicado los obispos costarricenses, se funda en una verdad que la recta razón puede comprender y así es confesada no solamente por los católicos, sino también por otras religiones y por todas las grandes culturas del mundo».
La Ley General de la Persona Joven, es una ley especial para proteger personas con edades comprendidas entre los doce y los treinta y cinco años, es decir adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes. La Asamblea Legislativa de Costa Rica incluyó el derecho a reconocer y no discriminar los «efectos sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y estable, con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años». Es fundamental tenerse presente que la «unión de hecho» en Costa Rica está regulada por el artículo 242 del Código de Familia, cuyo texto literalmente dice: «La unión de hecho pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente, al finalizar por cualquier causa».
En el comunicado, los obispos recuerdan que ha habido otras legislaciones y prohibiciones aún vigentes en Costa Rica que hacen legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Consulta a juristas
Los prelados costarricenses consultaron diversos juristas que indicaron que en el texto aprobado no hay una derogación o modificación expresa de los artículos que imposibilitan el matrimonio del mismo sexo, por lo que dicha interdicción continua vigente en su totalidad.
También, los juristas subrayaron que no podrían aprobarse uniones de hecho ni entre personas del mismo sexo, ni en las que uno o ambos convivientes sean menores de 15 años.
«Instamos a la señora Presidenta de la República, a las señoras y señores miembros del Congreso, así como a las y los Jueces de la República que eventualmente examinarían e interpretarían la reforma aprobada, a defender los principios constitucionales que rigen a los costarricenses, a saber, que el matrimonio entre un varón y una mujer es la base esencial de la familia –elemento natural y fundamental de la sociedad–, en virtud de lo cual tiene derecho a la protección especial del Estado», señalaron en su comunicado los purpurados del país centroamericano.
Finalizaron expresando su profundo respeto a las personas homosexuales, pero ese respeto «no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad.»
