(José Fernando Cajías / El Tiempo) El 31 de julio de 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el texto titulado «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales». Dicho texto define la conducta que los fieles católicos han de observar respecto a las diversas propuestas para formalizar jurídicamente dichas uniones.
Respecto al debate nacional sobre la formalización de dichas uniones en las notarías del país, es conveniente recordar que en su numeral 5, el mencionado documento afirma: «Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas, y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia».
En base a lo expuesto en el documento de la Santa Sede resulta claro que, dada la equiparación establecida entre las uniones homosexuales y la familia (cf. Sentencia de la Corte Constitucional C-577 de 2011), los notarios y jueces que se consideren católicos no pueden colaborar en la formalización jurídica de dichas uniones.
Como ha afirmado el Secretario Adjunto del Episcopado, el P. Pedro Mercado, «no se trata de una cuestión que aplique exclusivamente a los notarios católicos. Todos los notarios, no importa su religión, que en consciencia crean que las uniones homosexuales no pueden ser equiparadas a la familia deben abstenerse de formalizarlas, reclamando la objeción de consciencia. El Estado tiene que reconocer a los notarios este derecho fundamental e inalienable. No hacerlo sería una violación grave de la dignidad de estos funcionarios públicos».
Publicado por la Conferencia Episcopal de Colombia
