(EP) «Es, como obispos, nuestra obligación ayudar al discernimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las leyes. En este sentido, debemos reiterar que la actual legislación española sobre el aborto es gravemente injusta, puesto que no reconoce ni protege adecuadamente la realidad de la vida. Es, pues, urgente la modificación de la ley, con el fin de que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca al más elemental y primario derecho de la vida», reclaman.
En este sentido, haciendo referencia al lema de la Campaña, 'Humano desde el principio', los obispos explican que «la vida humana es sagrada» porque «solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término» y «nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente», según recuerdan en palabras de Juan Pablo II.
Además, los obispos españoles invitan a los cristianos a no favorecer con el voto programas políticos o leyes contrarias a la fe y a la moral. «En nuestro contexto actual, nos parece obligado añadir que una conciencia cristiana bien formada no debe favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral en este sentido», precisan.
Asimismo, no ven «lógico» que, si las verdades de fe constituyen «una unidad inseparable», se aísle «uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica» y, por ello, remarcan que el compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia «no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad».
«Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad», aseguran, al tiempo que precisan que las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia ponen «en juego» el orden moral.
El derecho a la vida, anterior al Estado
Para los prelados, la tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir es «la base de la seguridad jurídica y de la justa convivencia» y «forma parte esencial de las obligaciones de la autoridad» que tiene que «recoger la demanda que está presente en la sociedad». «El derecho a la vida, que no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y este tiene siempre la obligación de tutelarlo», añaden.
Por ello, consideran que «todo atentado contra la vida del hombre es también un atentado contra la razón, contra la justicia, y constituye una grave ofensa a Dios» y añaden –una vez más recordando la Evangelium vitae de Juan Pablo II– que el ser humano «debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción», momento desde el que «se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida».
Formación de sacerdotes para atender a las mujeres que han abortado
«Vivir –apuntan– es el primero de los derechos humanos, raíz y condición de todos los demás. El derecho a la vida se nos muestra aún con mayor fuerza cuanto más inocente es su titular o más indefenso se encuentra, como en el caso de un hijo en el seno materno».
Finalmente, los prelados destacan el trabajo que realiza la Iglesia en este sentido a través de entidades como los Centros de Orientación Familiar (COF) y la labor de asistencia y ayuda a las madres embarazadas, en el nivel asistencial-material y también en el psicológico antes y después de un posible aborto. Por ello, urgen a la formación de sacerdotes en este terreno para poder asistir adecuadamente a las «cada vez más numerosas» madres que padecen «el síndrome post-aborto».
