(EP) Izquierda Unida e ICV han registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclaman reformas legales para evitar que la jerarquía católica siga recibiendo recursos del Estado mientras actúa "con pompa y boato como lobby reactivo ante los avances democráticos".
En su texto, al que tuvo acceso Europa Press, los diputados Gaspar Llamazares y Joan Herrera, solicitan al Gobierno que, además de reformar la Ley de Libertad Religiosa, para que no se favorezca a la Iglesia dándole un trato preferencial, se acometa una modificación de la Ley de Asociaciones, con el fin de que, en su ámbito de aplicación, esta institución "no reciba ningún privilegio respecto a otras confesiones".
En esta línea, IU e ICV reiteran su tradicional reivindicación de que se revisen los acuerdos del Estado con la Santa Sede "que posibilitan la financiación de la Iglesia Católica, de acuerdo con un Estado aconfesional y de manera que no tenga un trato de privilegio respecto a otras religiones".
Ambos diputados hacen estas peticiones con el objetivo de que se frene "la actitud recalcitrante" que, a su juicio, mantiene la jerarquía eclesiástica "contra los avances sociales en favor de la igualdad" por su posición acerca de la discriminación por motivos de género y de orientación sexual.
POSICIONES ANTICONSTITUCIONALES
Como ejemplo de estas actuaciones, mencionan las declaraciones de los obispos contra la legalización del matrimonio homosexual y el documento del Vaticano contra el feminismo que busca la equiparación de hombres y mujeres.
Según IU e ICV, la Iglesia se coloca en una posición "anticonstitucional inaceptable mientras siga recibiendo financiación de las arcas del Estado". "En ningún otro Estado democrático europeo se financian grupos o confesiones religiosas que se dediquen a actuar en contra los principios democráticos y los derechos básicos recogidos en la Constitución", argumentan.
