(ACI) Varios obispos venezolanos se manifestaron en contra de la polémica ley de reforma del servicio de inteligencia nacional porque atenta contra el Estado de Derecho y obligaría a todos los venezolanos a actuar como delatores. El Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, advirtió que su formulación pondría en riesgo incluso el secreto de confesión.
En el articulado de la ley se advierte que los ciudadanos que se nieguen a colaborar en las operaciones de inteligencia podrán ser enjuiciados por la Fiscalía.
Aunque el Gobierno lo niega, grupos de Derechos Humanos, magistrados y periodistas consideran que la nueva ley crearía una sociedad de espías y contiene cláusulas vagas que están abiertas a todo tipo de abusos por parte de las autoridades.
Uno de los artículos más polémicos dice que "se podrá requerir a las personas, en el marco del respeto a sus derechos fundamentales su colaboración para preparar o ejecutar procedimientos operativos y de investigación".
Según el Purpurado, la ley podría ir en contra de derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución de Venezuela. "Habrá que estudiarla. De parte nuestra (Episcopado) la vamos a estudiar con mucho detenimiento, porque es preciso que se respete la constitucionalidad especialmente en campos que tienen que ver con los derechos humanos, civiles y políticos de todos los venezolanos".
"Esta ley parece ser regresiva y restrictiva de los Derechos Humanos de los venezolanos", indicó y llamó la atención sobre su "gran cantidad de artículos redactados de manera muy genérica".
El Purpurado recordó que el secreto de confesión "se ha respetado siempre por parte de los sacerdotes. Es una obligación que tenemos nosotros de conservar el secreto de lo que se le comunica al confesor. Esto no puede ser vulnerado por ninguna ley. Pareciera que esta ley toca este secreto, en este sentido no podemos transigir".
Enfatizó que los fieles tienen derecho a la privacidad y al secreto de lo que le dicen al confesor. "No podemos convertir al confesor en delator".
Por su parte, el Arzobispo de Mérida, Mons. Baltasar Porras, declaró a Unión Radio que con la nueva ley los órganos de seguridad del Estado podrán actuar en secreto, sin la presencia de fiscales públicos y con la posibilidad de obligar a violar el secreto profesional.
El Arzobispo también ve en peligro el secreto de confesión y el secreto de las fuentes periodísticas, "porque está la combinación de algo que se basa en un supuesto de comisión de un delito, lo que priva es la discrecionalidad del funcionario de turno que cumpla unas órdenes o que actúe por sí mismo llevándose por delante a la ciudadanía".
La normativa rompe "lo más elemental que es la convivencia familiar, local y ciudadana en el barrio porque cada uno se convierte en un delator y ante la intimidación que ejercen los órganos del Estado ya hemos visto todos los equipos represivos que tiene el gobierno como si viviéramos ante una ciudadanía que lo que busca es destruir y acabar todo", indicó.
Asimismo, consideró que la ley "viola la Constitución Nacional y haciendo un poco de memoria y comparándola con las leyes que hubo en los años 30 y 40 en algunos estados como la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco o en el Portugal de Salazar, no es sino una ley que viola de manera permanente y descarada los derechos humanos".
La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia "convierte a Venezuela en un cuartel y a los venezolanos en unos delatores", señalo Mons. Ovidio Pérez Morales, Presidente del Concilio Plenario de Venezuela, y advirtió que la medida coloca a todos bajo estado de sospecha y podría revertirse contra quienes la impulsan.
Mons. Pérez Morales dice que es grave que la Ley no defina la seguridad nacional y la identificación de Estado con el gobierno y el partido de gobierno, mientras empieza a cerrar la tenaza del "Comunismo del Siglo XXI" sobre el país.
