(PD/EFE) La Alianza Evangélica Española (AEE) calificó hoy 'de perversa' la campaña publicitaria de la Conferencia Episcopal Española en la que solicita a los ciudadanos que marquen la casilla de la Iglesia en su declaración para el impuesto de la Renta.
Mediante un comunicado, la AEE afirma que el lema utilizado por la Iglesia católica 'Marca la x a favor de la Iglesia', en su campaña para recoger apoyos a la recaudación de dinero a través del Estado mediante la declaración del IRPF, supone 'declarar públicamente que existe una única Iglesia, en contra de la evidencia'.
Los protestantes denuncian también que esta campaña mantiene el concepto de papel recaudador del Estado en favor de una confesión religiosa y potencia que el centro de interés de la relación entre Estado e Iglesias sea prioritariamente económico.
Aspecto, recuerdan, en el que el protestantismo español ha sido contrario de forma mayoritaria, y de manera concreta la Alianza Evangélica Española, representante de los evangélicos o protestantes españoles en las Alianzas Europea y Mundial (esta última con 400 millones de miembros).
Para la AEE, hay aspectos mucho más importantes ya no sólo sociales, sino en la propia relación entre el Estado español y las confesiones religiosas, como son los de un laicismo integrador y positivo (respeto, reconocimiento de funciones complementarias y no injerencia de la Iglesia en competencias políticas y del Estado en aspectos morales) que merecería la inversión de esfuerzo por ambas partes más que este tipo de campañas y actuaciones.
La Alianza Evangélica considera que los aspectos 'crematísticos y de financiación' deberían cerrarse por un autosostenimiento de todas las confesiones por parte de sus miembros o fieles (salvo aspectos de servicio social o cultural), de forma equiparable a cualquier otro colectivo social.
Y por ello defiende que la 'Iglesia católico-romana', como cualquier otra confesión religiosa, tenga acceso a fondos del Estado cuando realice actividades que redunden en el bien de los ciudadanos.
La AEE se muestra favorable a que las entidades religiosas reciban fondos del Estado para proyectos concretos y rindan cuentas de su administración como cualquier otro colectivo que recibe fondos públicos.
