(Andrés Beltramo/Vatican Insider) El asunto es sumamente delicado, por eso en las últimas horas se han movido intereses de diversas partes que podrían afectar el anuncio.
Pero la determinación está tomada y será comunicada a través de un decreto, acompañado por una carta dirigida al rector Marcial Rubio. Con esos dos escritos la Sede Apostólica desconocerá la actual estructura universitaria, simple y sencillamente porque no responde a su misión original. Pero dejará en claro que mantiene sus derechos sobre la misma.
Esta inédita situación es resultado de un antiguo contencioso, durado más de 40 años. Ha pasado mucho tiempo desde que el ex rector y sacerdote jesuita Felipe Mac Gregor aseguró, en 1968, al entonces arzobispo de Lima, Juan Landázuri Ricketts, que la universidad nunca dejaría de ser católica. Los decenios posteriores fueron claves para convertirla justamente en lo contrario: una institución independiente de la Iglesia, capaz de propalar enseñanzas contrarias al magisterio eclesiástico en nombre de la libertad de cátedra.
Este proceso llevó a la universidad a afrontar varios juicios civiles interpuestos por la Archidiócesis de Lima, su legítima albacea, porque sus autoridades se atribuyeron competencias que no les correspondían. Sobre todo en el manejo de los bienes heredados por el intelectual José de la Riva Agüero y Osma en la década de los 40 del siglo pasado. La PUCP ha sufrido varios reveses en este campo.
Los directivos nunca estuvieron de acuerdo con someterse a la autoridad del arzobispo limeño Juan Luis Cipriani Thorne, que es –por estatuto- su gran canciller. No sólo se declararon en rebeldía contra el cardenal, también desoyeron los llamados al orden enviados desde Roma.
El Vaticano pidió, de todas las maneras posibles, modificar los estatutos internos de la universidad para adherirlos a la constitución apostólica «Ex Corde Ecclesiae», escrita por Juan Pablo II en 1990 y que rige a todas las instituciones de educación superior católicas del mundo. La respuesta fue siempre negativa.
Por eso la Curia Romana debió intervenir a través de la Congregación para la Educación Católica, que en 2011 mandó una carta al rector Rubio con las necesarias modificaciones a los estatutos. Pero la Asamblea Universitaria se negó a cumplir la exhortación vaticana. Por eso tomó cartas en el asunto la Secretaría de Estado, la oficina vaticana de política interna y externa. Ordenó la realización de una visita apostólica. Un auditoría y un intento por mediar entre las partes, conducida por el cardenal húngaro Peter Erdö, que terminó en un fracaso.
¿Resultado? La Santa Sede perdió la paciencia y puso un ultimátum, que se venció el 8 de abril. En esa fecha la universidad debió haber entregado sus estatutos reformados, pero una vez más no cumplió. La rebeldía contumaz concluirá con el peor de los escenarios: la drástica e inevitable decisión de la quita de los títulos, algo que ocurrirá por primera vez en la historia.
La Sede Apostólica tiene toda la autoridad para hacerlo, porque la Iglesia siempre ha considerado que la institución es de su propiedad. Esto lo avala tanto el Derecho Canónico como el derecho civil peruano. Y para que se respete la decisión, Roma podría apelar al concordato vigente entre El Vaticano y el Perú. Lo cual abriría una caja de Pandora. Si el gobierno se niega a reconocer las prerrogativas de este acuerdo, provocaría un serio incidente diplomático.
Así las cosas se presenta un escenario casi desastroso, especialmente para los estudiantes. Porque la jerarquía eclesiástica solicitaría, entre otras cosas, a la Asamblea Nacional de Rectores que la PUCP cese de emitir títulos de grado con su nombre. Mientras tanto la Archidiócesis de Lima se verá obligada a fundar otra universidad, esa sí verdaderamente católica.
