(Clarín/InfoCatólica) Así lo determinó el juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Narvarte, con el objetivo de garantizar que se mate al hijo no nacido de una adolescente que quedó embarazada tras sufrir una violación. Los ginecólogos del hospital de la localidad se niegan a practicar el aborto
El fallo responde a una presentación de la oficina de Protección a la Niñez y Adolescentes de El Calafate por el caso de una chica de 16 años, a la que el hospital no quiso practicar un aborto. El fallo de la Corte exhortó a las provincias a aplicar protocolos que eviten la judicialización de los casos que están permitidos por el Código Penal.
Narvarte notificó al Ministerio de Salud provincial su decisión de no judicializar el pedido de aborto no punible efectuado por la chica, embarazada de nueve semanas. La judicialización del caso, sostuvo el juez, “es innecesaria” y “vulnera los derechos” de la chica.
El juez exhortó al director del hospital de El Calafate, Fernando Piedrabuena, y al ministro de Salud provincial, Daniel Jorge Peralta, a “hacer operativo en forma urgente el Protocolo hospitalario para la concreta atención de los abortos no punibles, como el presente caso”.
Narvarte sostuvo, en declaraciones al diario La Opinión Austral, que comparte “a pleno el fallo de la Corte Suprema”. “Les estoy diciendo a las autoridades sanitarias que el fallo de la Corte dice que no hay una cuestión penal en el medio, y que se proceda en forma urgente para tratar de dar una solución a la salud de esta joven”, advirtió el magistrado.
También consideró que la provincia ya debería contar con un protocolo hospitalario para los casos de aborto no punibles.
Santa Cruz es uno de los distritos que aún no implementaron una guía de atención, aunque el Ministerio de Salud afirmó que está trabajando en su elaboración con los responsables de los hospitales en la provincia.
En el de El Calafate los ginecólogos se reservaron el derecho de intervenir y dijeron mediante una nota que no estaban dispuestos a practicar el aborto a la joven, aún cuando el juez aseguró que no existirá una causa penal contra los médicos si llevan a cabo dicha práctica.
