(ABC/InfoCatólica) El conflicto arrancó a mediados de los años 90, cuando esas parroquias oscenses dejaron de pertenecer a la Diócesis de Lleida y se integraron en la de Barbastro-Monzón (Huesca). Hace un siglo, su entonces Obispado decidió trasladar dichas obras de arte a Lérida. Una vez que estas parroquias aragonesas pasaron a depender de una diócesis de su región, la de Barbastro-Monzón, reclamaron que les fueran devueltas. Pero la Diócesis ilerdense se negó sistemáticamente, con el concurso y apoyo activo de la Generalidad de Cataluña.
Los “bienes de la Franja” siguen retenidos a pesar de existir sentencias de la Santa Sede que dan la razón a la diócesis aragonesa y de que, en 2008, el propio obispo de Lérida se comprometió ante el Nuncio de Su Santidad en España a devolverlos a Barbastro-Monzón en el plazo máximo de un mes.
Fondos públicos e incumplimiento de sentencias de la Santa Sede
En este pulso entre Aragón y Cataluña también ha intervenido la Generalidad, que llegó a dar por probada la “catalanidad” de esas obras de arte y, en 1999, las catalogó como parte del Patrimonio Cultural de Cataluña, con el objetivo de “blindarlas”.
Ahora han salido a la luz tres facturas que demuestran que, en este asunto, la unión de intereses entre las autoridades catalanas y el Obispado de Lérida tuvo también una vertiente monetaria. El abogado que defiende a tres ayuntamientos oscenses que también reclaman obras de arte retenidas en el Museo de Lérida, Jorge Español, ha localizado tres facturas que demuestran que el Obispado ilerdense cobró fondos públicos por retener estas piezas aragonesas. Son tres facturas con sus correspondientes propuestas de aprobación de pagos emitidas por el consorcio que gestiona el Museo de Lérida, controlado por la Generalidad y en el que participan también el propio Obispado, la Diputación provincial y el Ayuntamiento leridanos.
Las tres facturas fueron emitidas por el mismo concepto: “trabajos de asesoramiento jurídico-administrativo y de investigación histórica, así como la defensa de la integridad de la Colección del Museo de Lérida Diocesano y Comarcal”. Una de ellas, por prestar dicho “servicio” desde el 1 de enero al 23 de diciembre de 2002, por un importe de 20.096,08 euros; otra, por el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2002 y el 13 de enero de 2003, por 20.471,35 euros; y otra, de 18.030,37 euros, correspondiente al período que va del 13 de enero al 31 de julio de 2003. En total, 58.897 euros en año y medio, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de julio de 2003. Por aquel entonces, el obispo de Lérida era Mons.Francesc-Xavier Ciuraneta Aymí
La Diócesis cobró del consorcio del Museo, con los presupuestos que aporta al mismo la Generalitat y también —en proporción a su participación en dicho organismo— la Diputación provincial y el Ayuntamiento leridanos. El abogado Jorge Español considera que estas facturas cobradas son presuntamente constitutivas de delito de malversación de fondos públicos, falsedad e intrusismo profesional y por ello —según anunció ayer a ABC— va a denunciar el caso ante el juzgado de Instrucción número 2 de Lérida.
