(EP) El documento ha sido elaborado por el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder; el vicepresidente de la organización, Mariano Martínez Aedo; y la responsable de la Red Europea IPF, Lola Velarde. Está prologado por el catedrático Ignacio Sánchez Cámara.
Todos comparecieron en rueda de prensa para explicar que estas 101 propuestas agrupadas en diez títulos son fruto de un análisis de la situación actual de España realizado con la perspectiva de un posible cambio político tras las elecciones generales del 20 de noviembre.
En este sentido, los representantes del IPF han pedido al PP que derogue la ley del aborto “porque es regresiva“. A juicio de Hertfelder, el PP está siendo “incongruente“ al no pronunciarse ya sobre este asunto y esperar la deliberación del Tribunal Constitucional ya que, aunque la ley fuera acorde a la Carta Magna, “no tendría por qué asumirla“.
“El PP tiene miedo de decir verdaderamente cual es su programa electoral. Debe decirlo ya, y toda la sociedad lo está esperando, cuál va a ser su programa político en materia de política social“, ha señalado el presidente del IPF.
La familia está en crisis
En cuanto al análisis de la situación actual, Martínez-Aedo ha explicado que en España “hay crisis porque la familia está en crisis”; en 2050 un tercio de la población tendrá más de 80 años y existirá un jubilado por cada 1,5 trabajadores. “El Estado del Bienestar será inasumible”, ha sentenciado.
La organización denuncia que se ha producido una “fragmentación social“ que nace de una “profunda crisis moral” y que se ha visto alimentada por medidas como la ley de divorcio exprés o la reforma de la ley del aborto. Según Martínez-Aedo, de cada tres nuevos matrimonios que se firman, dos se rompen, lo que augura un futuro de muchas personas viviendo en soledad, como hoy ya hace un millón de ancianos en España.
“La familia tiene que dejar de ser un contrato basura. No valen ya medidas aisladas. Hace falta un verdadero plan de choque“, ha añadido Hertfelder, para exponer que el primer paso, sería la creación de un Ministerio de la Familia, así como una ley de protección de la familia que contemple un plan integral de apoyo.
La organización exige además que las prestaciones y exenciones fiscales para familias sean universales y se actualicen cada año, ya que, conforme ha apuntado Hertfelder, las “escasas y ridículas“ ayudas actuales (24 euros al mes), no se modifican desde el año 2000 y, además, no llegan a la mayoría de la población ya que el máximo salario para percibirlas es 11.000 euros anuales, con lo que “si los padres ganan el salario mínimo, se pasan“.
En esta línea, solicitan una equiparación progresiva con el volumen medio de prestaciones que se conceden en el resto de la Unión Europea (el doble que en España) y que se incremente el porcentaje del Producto Interior Bruto que se dedica a las familias. Sobre este asunto, Martínez-Aedo ha acusado al Gobierno de mentir y “maquillar las estadísticas“ al incorporar al recuento ciertas partidas de educación para que parezca que se ha incrementado el gasto en familia cuando se mantiene en un 1% desde hace más de una década.