(Milenio) En 1981, cuando se adhirió al Pacto de San José, México formuló una “declaración interpretativa” para aclarar que la obligación establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de proteger “en general” el derecho a la vida a partir del momento de la concepción, “dicha disposición no constituye obligación de legislar para proteger la vida desde la concepción, dejando claro que los Estados conservan el derecho de prever excepciones en su legislación, como es el caso de excluyentes de responsabilidad en casos de aborto”.
En un comunicado se informó que el presidente Calderón sometió a la aprobación del Senado la decisión de retirar dicha declaración interpretativa con lo cual, sostiene el gobierno federal, “México refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el Derecho mexicano”.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Presidencia de la República, “no tiene sentido mantener la declaración interpretativa” respecto al Pacto de San José porque la más reciente reforma constitucional, se reconocen los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, con el mismo nivel de protección de la Constitución.
Según el gobierno federal, el retiro de la declaración interpretativa no tendría como consecuencia la modificación de las restricciones penales en materia de delitos contra la vida ni la regulación del aborto “toda vez que, por ejemplo, la expresión “en general permite que la legislación civil y penal ordinaria puede preservar en concreto, agravantes, atenuantes o excluyentes de responsabilidad” respecto al derecho a la vida.
“El retiro de la Declaración Interpretativa es, por lo tanto, consistente con el mandato constitucional al asumir a plenitud el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana. Es importante destacar que la decisión del Ejecutivo Federal debe ser aprobada por la Cámara de Senadores para proceder al retiro formal de la Declaración Interpretativa”, sostiene el comunicado.
