(Efe) “Quisiera expresar una palabra de aceptación al fallo de la Corte” que dejó en libertad a los militares acusados por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, expresó en su tradicional conferencia de prensa dominical el arzobispo de la capital salvadoreña, Mons. José Luis Escobar Alas.
Agregó que “esperaría que ellos (magistrados de la corte) hayan actuado con recta intención y apego al derecho, y que la motivación no sea la impunidad, sino que sea más bien el no querer violentar las leyes propias del país”.
Mons. Escobar añadió que confía en la “buena voluntad” de los magistrados y que no es su deseo llevar la situación a un conflicto de nuevo, “no de armas, pero sí de intereses y luchas”.
La CSJ resolvió, el pasado 24 de agosto, que los nueve militares que se resguardaron en una Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador, no pueden ser detenidos por ninguna autoridad salvadoreña, y por lo tanto pueden gozar de libertad.
Los militares se resguardaron en la brigada desde el 7 de agosto, tras conocer que la policía nacional se disponía a cumplir una orden de captura internacional emitida por la Interpol.
Un magistrado de la CSJ, Ulices Guzmán, explicó el jueves a los periodistas que, según el análisis de la Corte, “técnicamente no hay una petición” para detener y extraditar a los militares, por lo que “no se puede dar respuesta a una solicitud que no existe”.
Ese mismo día, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, dijo que se tenían que “acatar las decisiones de la Corte” y, por tanto, no se restringirán los movimientos de los nueve militares a los que alude el fallo de la CSJ, que son parte de los 20 procesados por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España.
Procesados en España
Los militares han sido procesados en la Audiencia Nacional de España por la matanza ocurrida el 16 de noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinaron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.
También mataron a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno y a su colega salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y a su hija Celina, de 16 años.
