(EP) Así lo ha explicado en rueda de prensa la directora general de la fundación, Carmina García-Valdés, quien ha incidido en que desde la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, que cumple este martes un año, se ha incrementado en un 45 por ciento el número de menores de edad que han acudido a la organización en busca de ayuda.
En total, en 2010 el 53 por ciento de las 4.331 mujeres atendidas en la Fundación Red Madre tenían entre 14 y 20 años de edad, cuando en 2009 suponían el 18 por ciento. Generalmente, las beneficiarias de los programas de esta organización son inmigrantes, en grupos de entre 20 y 40 años sin recursos o jóvenes de entre 14 y 20 “que no desean abortar pero sufren todo tipo de presiones”.
García-Valdés ha destacado que ocho de cada diez de estas jóvenes y adolescentes decidieron llevar a término el embarazo, por lo que la fundación concluye que “las menores no quieren abortar” y quienes lo hacen, responden a “presiones, en la mayoría de los casos, de sus familiares”.
Desprotección legal
La organización denuncia además, que estas jóvenes “no están protegidas por la ley” ya que, según explican, el aborto libre hasta las 14 semanas ha provocado que sufran “aún más presión” ya que se les dice que “aborten cuanto antes y no se lo piensen demasiado” para ajustarse al plazo. “No tienen tiempo para reflexionar y ahora nos piden ayuda psicológica y psiquiátrica”, ha añadido.
Una de las madres adolescentes atendidas por la fundación, de nombre Mafer, ha comparecido con su hija de cinco meses ante la prensa para explicar que no se sintió protegida por la nueva ley. “Estás confusa y en lo que más te apoyan es en abortar, pero la mejor decisión que he tomado ha sido tener a mi hija”, ha añadido.
Junto a Mafer, ha intervenido la representante de Red Madre Castilla y León, Lola Armada, para explicar que gracias a las firmas ciudadanas y a la iniciativa legislativa popular presentada en consecuencia, la Junta aprobó una ley de apoyo a la maternidad que contempla ayudas para gestantes en situación de riesgo a fin de que sigan adelante con el embarazo.
Según ha explicado, en la región se concede una ayuda de 500 euros a las embarazadas de más de 23 semanas que estén en riesgo de exclusión y lleven más de seis meses censadas en la zona. Además, se están poniendo en marcha cursos de formación y centros de atención a gestantes, según ha señalado.
“Cuando la embarazada tiene la ayuda que necesita, sigue adelante. Puede que su situación no se solucione, pero una vez que tiene a su hijo, tiene las herramientas necesarias para salir adelante”, ha concluido la directora general de Fundación Red Madre.
