(La Nación / InfoCatólica) La decisión deja en el suelo la exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el país apruebe la legislación necesaria para permitir la FIV en el plazo de dos meses. Tanto liberacionistas como libertarios tienen ya proyectos de ley nuevos para empezar desde cero la discusión.
El país tiene de plazo hasta el 31 de julio para legislar sobre el tema, según lo resolvió la Comisión ante una última instancia para postergar esa espera. Con esta situación en el Congreso, el cumplimiento con la CIDH está de nuevo en duda puesto que los diputados deberán de iniciar el proceso de nuevo.
El expediente 17900 Ley sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria, fue enviado al archivo al aprobar el Plenario Legislativo con 26 votos el informe negativo de mayoría que presentó un grupo de legisladores de la Comisión Especial que estudió el proyecto y que recomendaba no aprobarla.
La votación quedó muy cerrada pues 25 diputados rechazaron el informe negativo de mayoría, pues pretendían que se siguiera con la discusión de la iniciativa e introducirle cambios. Al aprobarse este informe se descarta el conocimiento de los otros cinco informes presentados al proyecto, algunos de los cuales proponían la aprobación del expediente.
Aunque los legisladores estan divididos con respecto a la aplicación de esta técnica de reproducción humana, la mayoría coincidió en rechazar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo aduciendo insistencias.
La legisladora liberacionista Alicia Fournier Vargas afirmó que el país requiere un texto más costarricense pues aseguró que el enviado por el Ejecutivo no es consecuente con el modo de ser de los ticos. Para la congresista “no se trata de adaptar el derecho a las prácticas médicas sino a la inversa, de encausar éstas de modo que no lesionen el respeto a la dignidad humana”.
El diputado Carlos Avendaño Calvo del Partido Restauración Nacional además de estar en contra de la Fecundación In Vitro alegó vicios de procedimiento en el trámite de la iniciativa.
El proyecto se tramitó tras una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió a Costa Rica reactivar esa técnica, diez años después de que la Sala IV la prohibió. El plazo dado por este organismo internacional para implementar la ley vence en mes y medio y de no hacerlo el país se expone a sanciones de carácter intencional.
El diputado José María Villalta Florez-Estrada manifestó su rechazo al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo pero votó en contra del informe negativo de mayoría para tener la posibilidad de mejorar el proyecto, afirmó. Aseguró que la Fertilización In Vitro debe ser regulada pues es un tema donde la Caja del Seguro está obligada a proveer una salud integral para que todas las personas tengan la oportunidad de tener hijos. Villalta fue enfático en aseverar que su partido está de acuerdo en que se prohíba con cárcel la manipulación genética y cualquier otro manejo del material genético humano.
La diputada Rita Chávez Casanova atacó el proyecto asegurando que con su aprobación se expone al embrión a un riesgo elevado de muerte y no protege la integridad física de la mujer exponiéndola a efectos secundarios como la hiperestimulación ovárica.
La representante del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) aseguró que la Caja del Seguro Social establece su posición ante la Fertilización In Vitro como conservadora al considerar la técnica como “una tecnología reproductiva poco exitosa y no acorde con el ordenamiento jurídico del país”.
Chávez además recalcó que el artículo 21 de la Constitución Política no hace distinción entre vida humana embrionaria, fetal, infantil, hombre, mujer o raza pues la norma contiene la amplitud necesaria y visionaria de la protección de la vida humana.
