(Agencias/InfoCatólica) La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de los nacionalistas de CiU y PNV, ha rechazado la petición del Gobierno de tramitar por la vía de urgencia el proyecto de Ley de Igualdad de Trato, según ha revelado la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría.
Aunque estaba prometida para diciembre, el Consejo de Ministros no aprobó hasta finales de mayo el proyecto de Ley de Igualdad de Trato, pero el Gobierno pidió que fuese tramitada en el Congreso por el procedimiento de urgencia, lo que supone acortar a la mitad todos los plazos parlamentarios.
El PP ya había anticipado su oposición a la tramitación por vía de urgencia, al considerar que es un texto “complejo”, que ha suscitado dudas incluso entre los órganos consultivos que lo han examinado. La mesa ha calificado hoy la iniciativa legislativa, pero los cuatro representantes del PP –Ana Pastor, Ignacio Gil Lázaro, Jorge Fernández Díaz y Celia Villalobos–, el del PNV, José Ramón Beloki, y el de CiU, Jordi Jané han hecho que el PSOE quedase en minoría y se rechazara su tramitación urgente.
El texto del proyecto de Ley de Igualdad de Trato establece en su artículo 16.2 que “los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta Ley, no podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”, siendo el género una de estas causas de discriminación.
Para el Consejo de Estado, que afirma en su dictamen que “la educación diferenciada, como modelo pedagógico, no puede considerarse un supuesto de discriminación por razón de sexo” y que su admisión es meramente “una decisión de política educativa”, el proyecto no es contrario a la Constitución porque sigue permitiendo que los centros privados opten por dicho tipo de educación. Significa “que sólo aquellos centros que admitan a alumnos de ambos sexos podrán optar por el régimen de concierto”.
Discriminación para los colegios concertados
Ante el rechazo de asociaciones de colegios y de familias como FERE-CECA, CECE o CONCAPA, la ministra Leire Pajín defendió esta medida: “No se trata de hacer desaparecer, sino de no financiar este tipo de colegio”, sostuvo. “En ningún caso vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa ni moral conforme a sus convicciones, y en ningún caso vulnera la libertad de educación”, resaltó Pajín, quien también aclaró que no afecta a la creación de nuevos centros escolares.
El pasado mes de marzo, el cardenal Rouco Valera, presidente de la Conferencia Episcopal Española, se refirió a la medida en el proyecto de ley diciendo: “Lo que no se puede hacer es obligar a los padres por la vía indirecta de la retirada del concierto a que tengan que aceptar el principio de la educación no diferenciada. Esto no es conciliable con principios fundamentales de ética política y ética jurídica”.
