(La Razón) Santiago Barambio, presidente de ACAI, apuntó a La Razón que una interrupción quirúrgica “puede llegarle a costar entre 1.200 y 1.400 euros” a la Sanidad pública, cantidad muy superior a una farmacológica. Hay que recordar que el tratamiento farmacológico cuesta alrededor de 240 euros, al menos en las clínicas privadas. “Pretenden que el 50 por ciento de los abortos sea por esta vía”, añade.
El protocolo indica la administración de 600 gramos de esta píldora –un esteroide sintético de propiedades antihormonales–, que actúa “anulando la progesterona, cuya acción continuada es necesaria para la gestación”, apuntó ayer a Ep Eduard Gratacós, jefe del Servicio de Medicina Maternofetal del Clínic de Barcelona. Tras ingerir la RU-486, la mujer debe tomar en 48 horas misoprostol, otro fármaco que provoca las contracciones para la expulsión. El aborto se produce en torno a las dos horas.
Barambio cree que no se está cumpliendo la Ley del Aborto, pues la Generalidad abre la puerta a que “cualquier consulta pueda practicar un aborto farmacológico”, cuando, según la legislación, sólo pueden practicarlo hospitales y clínicas acreditadas.
En ACAI opinan que los ambulatorios “no cuentan con auténticos expertos, pues no tienen práctica” en cuanto a la interrupción del embarazo. Así, Barambio cree que la iniciativa “va en contra de las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que exigen que el personal cuente con una amplia experiencia”. Además, en estas consultas “no se cuenta con anestesistas ni áreas de reposo”.
Más riesgos para las mujeres que quieren matar a sus hijos
El científico César Nombela, miembro del Comité de Bioética, afirmó a este diario que, “al realizar estos procedimientos en un ambulatorio, sin la atención adecuada y con una asistencia médica muy reducida, se multiplican los riesgos”. Algo grave debido al “alto porcentaje de efectos secundarios”, como es el sangrado que pueden sufrir estas mujeres.
Este proyecto no deja de ser una prueba del desbarajuste autonómico que hay en torno a la legislación. “No puede haber diferentes reglamentos”, dice Barambio. ACAI mantuvo una reunión con la Generalidad en la que las autoridades reconocieron que iban a evaluar la experiencia. En todo caso, las clínicas van a movilizar a su departamento jurídico y, llegado el caso, denunciarían la situación ante la Fiscalía.
Un 90% de las mujeres rechaza el fármaco
Desde ACAI, cifran en un 90 por ciento las mujeres que, antes de las siete semanas de embarazo, rechazan la RU-486 como método abortivo, frente a la aspiración con sedación, el proceso más utilizado. El motivo de esta elección, apuntan en ACAI, reside en los efectos que acarrea este fármaco como fiebre, tiritonas, náuseas, vómitos y diarrea. También provoca dolores similares a los del parto, que pueden prolongarse durante horas, y un sangrado superior al de la menstruación.
ACAI ve significativa la preferencia por un aborto quirúrgico frente a otro farmacológico, cuando este es mucho más barato.
