(La Gaceta/InfoCatólica) El primer sábado de noviembre, mientras el Papa Benedicto XVI comenzaba su visita a Santiago de Compostela y Barcelona, la Guardia Civil, obedeciendo órdenes de la Subdelegación del Gobierno en Madrid, cerró el acceso a la Basílica del Valle de los Caídos, impidiéndoles asistir a la Misa diaria. Al día siguiente, los monjes benedictinos. que atienden el culto religioso, celebraron junto a dicho acceso la Misa dominical, una misa de campaña en la que participaron numerosas personas.
Después de dos domingos, se llegó a un acuerdo entre Gobierno, Arzobispado y la Abadia de la Santa Cruz, y las misas siguieron celebrándose al aire libre, pero en la explanada de la Basílica, con una asistencia multitudinaria de fieles, en defensa de la libertad religiosa y de la paz en ese lugar de recuerdo de los muertos en la pasada guerra civil española.
Finalmente, el domingo anterior a Navidad, la Basílica volvió a abrirse, aunque no con plena normalidad, tras haberse instalado un túnel provisional, en la entrada a la Basílica, mientras prosiguen las obras de restauración y consolidación del conjunto de La Piedad, situada encima de la entrada y bajo la Cruz que da significado y nombre al Valle de los Caídos.
¿Por razones de seguridad? ¿Obediencia debida?
Aquél sábado, el grupo de fieles vio como la Guardia Civil les impedía asistir a Misa en la Basílica del Valle. Ahora, tras la querella del sindicato Manos Limpias, los responsables del suceso habrán de defender su actuación ante la justicia Al subdelegado y al sargento se les imputa un presunto delito contra la libertad de culto y religiosa con el cierre inesperado e injustificado del acceso al recinto y basílica del Valle. "Es una victoria de la libertad", explicó Miguel Bernard, secretario general del sindicato, al diario.
"La responsabilidad está clara. El subdelegado ordenó vallar el recinto usando como pretexto que el desmontaje de la Piedad podía amenazar la seguridad de los transeúntes, pero mientras se prohibía el paso a los visitantes que se sabía que venían a misa, se permitía el paso a autobuses de japoneses". Los hechos coincidieron con la llegada del Papa a España para visitar Santiago de Compostela y Barcelona.
Manos Limpias pedirá la pena máxima para los dos imputados, que varía entre los seis meses y seis años de prisión.
