(InfoCatólica) Con la ley de plazos, la sanidad pública ha pasado de financiar, de media, un 30% de los abortos realizados a más de un 60%. El ejemplo más claro es Asturias, donde hace un año, si una mujer quería abortar acudía a una clínica privada y pagaba la intervención de su bolsillo. Ahora, aunque en esa región la casi totalidad de los abortos se realiza en centros privados, se financia ya el 97%. Con anterioridad, la sanidad pública solo asumía el 8%.
En Cataluña se ha pasado de subvencionar el 24% de las intervenciones al 55%, aunque es la mujer quien debe adelantar previamente el dinero de su bolsillo. Castilla-La Mancha, que antes de la ley financiaba un 5% de los abortos, ahora subvenciona el 70%. El País Vasco. que asumía menos del 7%, paga ya el 87%. Cifras similares encontramos en Cantabria, que ha pasado de financiar el 11,5% a más del 60%. En las comunidades valenciana y murciana, que pagaban el 32% de las intervenciones, ahora lo hacen en el 65% del total.
En la comunidad madrileña, la sanidad pública ha pasado de financiar el 26% de los abortos a más del 60%, según datos de la patronal abortista (Acai), que ha participado estos días en el Congreso Internacional de Aborto y Contracepción que ha reunido a más de 600 “profesionales” abortistas en Sevilla.
Navarra sigue siendo la única comunidad autónoma en la que no se practican abortos. Ningún hospital público lo hace y no existen clínicas privadas. Aún así, el gobierno foral financia el aborto de las mujeres que lo solicitan cuando van a abortar fuera del territorio navarro.
En Galicia, la Xunta también ha manifestado tener un gran número de objetores y envía a las mujeres a los centros de aborto privados. En agosto, con motivo de la nueva ley, llegó a un acuerdo según el cual abona unos 360 euros por intervención. Un desembolso importante teniendo en cuenta que en 2009 se realizaron en esa región 2.600 abortos. En todo caso, la comunidad autónoma gallega financia menos del 20% de las intervenciones.
