(Zenit) Tanto los obispos como el abogado general Anthony Picarillo y el asociado general Michael Moses expresaron la «particular preocupación» por la propuesta. El Departamento de Servicios de Salud Estadounidense publicó recientemente una lista sobre los servicios preventivos que ofrecen planes de salud individuales y grupales que deben ser cubiertos como lo estipula la Patient Protection and Affordable Care Act (Ley de protección y acceso al paciente n.d.t.). “Prevenir el embarazo no es prevenir una enfermedad”, comienza la carta. “En efecto, la contracepción y la esterilización plantea sus propios, únicos y serios riesgos para la salud del paciente”.
El texto señala que estos “servicios” son también “moralmente problemáticos para muchas partes interesadas, incluidos los afiliados a servicios de salud”, así como “las comunidades religiosas, los prestadores de servicios y las compañías aseguradoras”. “En nuestro punto de vista”, afirman los obispos, “anticonceptivos con receta así como esterilización química y quirúrgica son servicios particularmente inapropiados dentro de la inclusión del término ‘servicios preventivos’ para todos los planes de salud”.
En la carta sostienen que estos términos no pueden compartir el significado ni la propuesta de los servicios preventivos como son la medida de la presión alterial, de los niveles de colesterol, la tensión, la diabetes, la hipersensibilidad, las enfermedades de transmisión sexual entre otras. Aseguraron que a estos servicios se debe hacer hincapié “porque pueden prevenir serias enfermedades amenazantes” pero que la misma lógica “no puede aplicarse con la contracepción o esterilización”.
No es una justificación médica
En la carta los obispos reconocen que “en varias épocas la mujer puede tener serias razones personales para querer evitar o postponer un embarazo”. Sin embargo, agregan, “estas razones personales no se transforman en una condición temporal o permanente de infertilidad, en un requisito previo para la salud”.
El comunicado puntualiza que la contracepción “es casi siempre percibida como una razón personal o estilo de vida”, la cual “plantea sus propios riesgos y los efectos secundarios”. “El uso de la prescripción contraceptiva actualmente aumenta el riesgo de las mujeres de desarrollar algunas de las condiciones que los ‘servicios preventivos’ enumeran en el Reglamento de Provisión Final y que es designado a prevenirse”, agrega la carta.
Tampoco se le puede llamar anticoncepción ‘preventiva’ al aborto, agregan los obispos en la carta, porque “el aborto no es en sí mismo una condición de la enfermedad, sino un procedimiento aparte que se realiza sólo por el acuerdo entre una mujer y un profesional de la salud”. Además, explican los prelados “los estudios han mostrado que el porcentaje de embarazos no deseados que terminan en abortos es más alto que el de los embarazos que ocurren durante el uso de anticonceptivos”.
Por último, los obispos manifiestan su preocupación por el hecho de que esta ley pueda “constituir un hecho sin precedentes que amenaza los derechos de conciencia a los empleados que practiquen sus creencias religiosas” y a otros que por su moral u objeciones religiosas se nieguen a practicar estos procedimientos. Los obispos advierten que con este tipo de medidas se pueden promover, con el eufemismo de que están cuidando la salud, “reformas que tendrían una promesa vacía”.
