(Efe/InfoCatólica) El portavoz de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, aseguró que con la norma que proponen junto a ERC e ICV se pretende derogar preceptos preconstitucionales, lograr la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado, la autofinanciación de las confesiones y garantizar la libertad religiosa y de conciencia.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) Jorge Fernández Díaz ha asegurado que la "peculiar visión" que recoge la proposición de ley discrimina a los cargos públicos por creencias y convicciones.
Además, ha dicho que el texto "no cabe para nada en la Constitución española" porque pretende "lisa y llanamente provocar por vía de ley orgánica una mutación constitucional para convertir un Estado aconfesional cooperativo en un estado laico".
El portavoz de CiU Jordi Xuclà también ha criticado la prohibición a los cargos institucionales porque "seguramente vulnera el derecho individual reconocido en el artículo 16 de la Constitución", y ha señalado que "la mayoría" de los veinte artículos que conforman el texto están "cubiertos por el cuadro de los derechos fundamentales", por lo que no son necesarios.
Desde el PSOE, el portavoz Jesús Quijano ha calificado la propuesta como "unilateral y sesgada", y ha dicho que, si bien en el texto se refleja "una mayor tolerancia religiosa", en la intervención los proponentes han dejado entrever que el "sentido último" de la ley es derogar los acuerdos entre España y la Santa Sede, algo que "no es posible".
Por parte del Grupo Mixto, los portavoces de BNG y PNV han apoyado la proposición normativa, mientras que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha manifestado su rechazo ante la idea de "regular" la libertad religiosa y de pensamiento porque es "incompatible con una democracia".
