Hoy entra en vigor la nueva Ley del aborto. Es necesario recordar que se trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral -en particular, la católica- ya que, desde el punto de vista ético, empeora la legislación vigente por los siguientes motivos fundamentales. Primero, y sobre todo, porque considera la eliminación de la vida de los que van a nacer como un derecho de la gestante durante las primeras catorce semanas del embarazo, dejando prácticamente sin protección alguna esas vidas humanas, justo en el tiempo en el que se producen la gran mayoría de los abortos. En segundo lugar, porque establece un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del aborto. En tercer lugar, porque impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y “de género”.
Estos y otros motivos han sido explicados por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal en su Declaración de 17 de junio de 2009, que la Asamblea Plenaria hizo expresamente suya en el comunicado final del 27 de noviembre de 2009. Los obispos concluyen la Declaración con las siguientes palabras: “Hablamos precisamente en favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor; hablamos en favor de las madres, que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto; hablamos en favor de la libertad de los padres y de las escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones morales que los preparen de verdad para ser padres y acoger el don de la vida; hablamos en favor de una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la injusticia con el derecho”.
