(LNE/InfoCatólica) La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, adelantaba esta semana que serán los facultativos, con el asesoramiento de un trabajador social y un psicólogo, si así lo requieren, quienes valoraran esa posibilidad. La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, advierte de que, según la ley de Autonomía del Paciente, "la tutela de las menores es de los padres o sus tutores, que los médicos los suplanten es una ilegalidad, una salida de tono del Ejecutivo".
En el caso de que la situación de la niña requiriera el nombramiento de un tutor legal, señala, el proceso es largo, "no se resuelve en una hora", y, consecuentemente, sería inútil en caso de una solicitud de aborto. "Hay leyes irrefutables", insiste, y hace ver que lo que el Gobierno pretende coloca a los médicos en una situación de ilegalidad que les permitirá acogerse a la objeción de conciencia.
De todos modos, Rodríguez hace ver que "está todo muy en el aire" y piensa que el Ministerio está sopesando las reacciones de la sociedad y los profesionales ante diferentes alternativas. "Yo no creo que lanzar globos sonda sea la manera idónea de confeccionar un reglamento. Lo adecuado es observar la legalidad, cómo es, y sobre eso buscar soluciones serias", manifiesta.
No es un asunto médico, sino social y jurídico
Similar es la opinión del jurista Juan Méjica, autor de varios tratados sobre los aspectos jurídicos del aborto. Explica que la ley de Autonomía del Paciente, una ley orgánica, establece varias competencias según sus edades. "En el caso de los que tienen entre 16 y 18 años establece tres supuestos en los que necesitan el consentimiento de los padres, uno de ellos es en materia de reproducción asistida, y, curiosamente, para el aborto se está prescindiendo de él". "Se está trasladando a los médicos una responsabilidad que no deberían tener, y es posible que se esté incurriendo en inconstitucionalidad, por ir contra una ley orgánica, como es la del paciente. En alguna medida sería recurrible", considera.
El presidente de la Sociedad Asturiana de Ginecología, Pedro de la Fuente, muestra su malestar por una posibilidad que, dice, "echa una carga más sobre nuestras espaldas y que no es un asunto médico, sino social, legal y jurídico". Serían, en todo caso, los psicólogos o los asistentes sociales quienes podrían resolver, dada su formación, ese tipo de situaciones. "Los ginecólogos ya tenemos bastante responsabilidad encima con atender a los aspectos médicos que se nos plantean en la consulta", afirma.
Según su opinión, "las autoridades tendrán que verificar el reglamento, para que lo que pretenden se pueda hacer a través del nombramiento de tutores legales", pero teme que, en cualquier caso, "esto puede ser un coladero y una fuente de conflictos" y advierte que "tomar esa decisión no es un asunto médico, sino social, legal y jurídico".
