(Efe/InfoCatólica) El secretario general de Cáritas aseguró que esta institución católica «realiza una ingente labor de contención», una afirmación que viene avalada por el dato de que el 52 por ciento de las personas atendidas por la institución vienen derivadas de los servicios sociales públicos. A este respecto, el secretario general ha recordado que «la opción de Cáritas es la de complementar a los servicios sociales públicos, no sustituirlos».
Sebastián Mora ha analizado la «precariedad» de la protección social en España y ha apuntado que la proporción del gasto social en este país con relación al PIB –22,7 por ciento– está cinco puntos por debajo de la media europea.. Se ha referido además a la fragmentación de la política social en diversos ámbitos de actuación, lo que ocasiona que los servicios sociales, además de carecer de una definición legal y técnica unificada, están sometidos a un proceso de legislación «desigual y abierto». Uno de los retos ante el impacto de la crisis pasa, a su juicio, por definir claramente las tareas básicas y mínimas de los servicios sociales como una condición necesaria para racionalizar su gestión.
Los servicios sociales públicos no cubren las necesidades de los pobres
Los datos del Informe sobre la acción social ante la crisis revelan que, en general, los servicios sociales públicos no cubren muchas necesidades básicas de las personas más afectadas por la crisis. En unos casos porque no están incluidas dentro de las prestaciones básicas que ofrecen o bien porque los criterios de acceso a estas prestaciones «se han endurecido y son muy desiguales» entre Comunidades Autónomas en cuanto a tiempo de tramitación, cuantías concedidas y duración de la prestación.
De hecho, los agentes de Cáritas constatan la lentitud o la falta de respuesta de los servicios públicos ante situaciones de emergencia. Así, indican que mientras que para las citas los períodos de espera van de treinta a noventa días como promedio, los tiempos para la valoración y la resolución de las ayudas son de tres meses o superiores. Esta demora hace que Cáritas deba asumir en muchos casos la cobertura inmediata de las necesidades urgentes de estas personas y familias, e incluso el adelanto de cantidades que vayan a ser concedidas por los servicios públicos.
Monseñor Martínez Camino, secretario general de la CEE, que entregó a Cáritas la cantidad de 3 millones de euros, correspondientes al 1,5 por ciento del Fondo Común Interdiocesano, ha hecho «una llamada a los católicos y a toda la gente que confía en Cáritas para que sigan aportando su ayuda personal y económica».
