(Zenit / InfoCatólica) Una norma sobre “igualdad del matrimonio civil” requeriría que las instituciones católicas proporcionaran los mismos beneficios a los empleados que tienen una unión homosexual que a un empleado con un matrimonio heterosexual. Las acreditaciones y/o licencias de las instituciones educativas y profesionales católicas están también en juego.
En un artículo de opinión en el Washington Post del martes pasado, el arzobispo Donald Wuerl explicaba por qué la ley obligaría a la Archidiócesis a cancelar su colaboración. Afirma que la Iglesia no ha realizado desafíos o ultimatums, sino que simplemente reconoce que “los nuevos requerimientos de la ciudad a las organizaciones religiosas para que reconozcan los matrimonios homosexuales en sus políticas, podría restringir nuestra capacidad de proporcionar el mismo nivel de servicios que tenemos ahora”.
“Esto se debe a que el Distrito requiere a las entidades caritativas católicas certificar su conformidad con las leyes de la ciudad cuando se les soliciten contratos y donativos. Dado que las entidades caritativas católicas no pueden cumplir los mandatos de la ciudad y promover los matrimonios homosexuales, la ciudad tendría que rehusar contratos y licencias”, aclara.
Helen Alvaré, experta en derecho de la Fundación Culture of Life, comentó la situación. Sugirió que el punto crucial del asunto es este: “Quienes deberían redefinir el matrimonio insisten en que las relaciones podrían dar lugar a que los niños no merezcan especial reconocimiento y apoyo de la ley y la comunidad; la Iglesia Católica insiste en que necesitan y deberían tener este reconocimiento y apoyo”.
Los niños, explicó, están en el centro de esta batalla. Alvaré sostuvo que durante demasiado tiempo, el derecho de familia ha venido cambiando de modo que ha llegado a poner por delante los intereses de los adultos”. Y, dijo, “tras décadas de experimentación con este modelo, los sociólogos, psicólogos e incluso algunos legisladores, están empezando a comprender que ni la libertad de los adultos ni la de los niños han progresado por la trayectoria de ‘los adultos primero’”.
“El Distrito de Columbia debería temer una ulterior privación al matrimonio de su asociación con los niños”, afirmó Alvaré, señalando la cantidad de problemas que ya afronta el distrito a causa de “la filosofía del sexo y el matrimonio de los ‘adultos primero’”.
La jurista argumentó que si los concejales del D.C. “se permitieran pensar más integralmente, o si se permitieran pensar en el bienestar de los niños y sus familias a la larga, esos mismos concejales deberían también temer perder la colaboración de un organismo tan profundamente comprometido con el bienestar de los niños a la larga, que está dispuesto a ser juzgado en el tribunal de la opinión pública por defender sus intereses”.
