(Agencias) La ministra, que reconoció recientemente que les habían estafado al comprar los test defectuosos para detectar el coronavirus, ha informado este viernes en rueda de prensa de la paralización de este avión, que fue bloqueado en Ankara por el Gobierno turco cuando hacía una escala en esa ciudad cargado de material adquirido por comunidades autónomas como Navarra, «por su preocupación (del Gobierno turco) de poder abastecer a su propio sistema sanitario».
Ha añadido que tanto ella como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han hablado esta semana en tres ocasiones sobre este asunto con sus homónimos turcos, y fruto de esas conversaciones fue el cargamento que el pasado miércoles trasladó a Madrid una aeronave militar turca.
Este avión aterrizó en la base de Torrejón de Ardoz con 250.000 mascarillas faciales, 20 máscaras anatómicas, 750 protectores oculares, 2.000 trajes protectores EPI y 1.000 litros de líquido antibacteriano. Turquía envió este material en respuesta a la petición de auxilio que hizo España a la OTAN, una llamada a la que sólo han atendido hasta el momento este país y la República Checa.
La ministra ha asegurado que el Gobierno de Turquía ha indicado que «por ahora» esos respiradores no saldrán del país ya que la prioridad ahora son sus enfermos, pero que «en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse ese material a disposición de España».
En cuanto a si se garantiza el funcionamiento del corredor aéreo con China para el transporte de material sanitario a España, Laya ha asegurado que sí y ha apuntado la «buena noticia» de que el país asiático ha decidido introducir medidas de control de la calidad de sus productos y también para ordenar la llegada y salida de vuelos.
«Hemos establecido los canales para que el suministro que hayamos comprado en China siga fluyendo regularmente y normalmente a España», ha asegurado la ministra.
Piden que al menos haya una queja diplomática
El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, lamentó ayer que Turquía «haya decidido unilateralmente requisar» los 150 respiradores que había adquirido por tres millones de euros que ya había abonado. El Ejecutivo regional espera ahora que España emita una queja diplomática ante unos hechos «que rozan lo delictivo», como aseguró en una nota oficial. Esos tres millones es lo que cuestan durante un año, por ejemplo, las becas de comedor para familias desfavorecidas de la región.
