(Efe) Los obispos de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, y de Lérida, Salvador Giménez, comparecerán ante un tribunal de justicia para tratar de resolver un pleito sobre 111 piezas del patrimonio histórico-artístico de las parroquias adscritas al obispado altoaragonés.
La demanda civil interpuesta por el Obispado de Barbastro fue dirigida inicialmente contra el consorcio del museo leridano, donde permanecen las piezas reclamadas desde Aragón, aunque finalmente ha implicado a la diócesis catalana al plantear su titular de forma sorpresiva que 83 de las piezas eran de su propiedad.
Una afirmación que contradice las tres resoluciones dictadas por los tribunales vaticanos entre 1995 y 2008 para instar la devolución de los bienes a las parroquias aragonesas como sus legítimas propietarias, pero también el reconocimiento de anteriores obispos de Lérida de la propiedad aragonesa de los bienes.
A la demanda central del Obispado de Barbastro para exigir la devolución de los bienes se suma la planteada por la Diócesis de Lérida para reclamar la propiedad de 83 de las piezas, las más valiosas, y la interpuesta por el consorcio para exigir los gastos de conservación de los bienes en el caso de ser devueltos.
La Diócesis de Barbastro-Monzón cuenta la presencia, como parte coadyuvante del Gobierno aragonés, mientras que la de Lérida y del consorcio esperan una decisión de última hora del juez para integrar en el procedimiento a la Generalitat.
Se trata de un litigio que plantea un enfrentamiento «insólito» entre dos diócesis por la propiedad de unos bienes que contó con el beneplácito de la Santa Sede para que, reconocida inicialmente la propiedad aragonesa, se actuara contra el museo para conseguir la devolución de las piezas.
En reiteradas ocasiones, la Diócesis de Lérida alegó no poder retirar las piezas del museo donde permanecen depositadas, al estar bajo la jurisdicción de la ley de patrimonio del Gobierno catalán.
Una protección que el Vaticano recomendó eludir en 2009 a uno de los antecesores en el Obispado de Lérida, Joan Piris, mediante una querella contra los responsables de gestión del museo.
Ahora, el titular del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Barbastro deberá resolver una cuestión en torno a unos bienes tasados por el conservador del museo de Lérida en más de 8 millones de euros, que previsiblemente llegará al Tribunal Supremo.
Sobre el proceso pesa la sombra de lo ocurrido con las piezas del Monasterio de Sijena, cuyo traslado ordenaron los tribunales oscenses con el auxilio de la Guardia Civil ante la negativa de las autoridades catalanas a facilitar la devolución.
Esta actuación motivó una querella criminal contra los exconsejeros catalanes de Cultura Santi Vila y Lluis Puig por presuntos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación, todavía por resolver.
Fuentes jurídicas han asegurado a Efe que no descartan que las piezas de las parroquias, en el caso de ser ratificada la propiedad aragonesa, deban de ser objeto a una operación similar a la llevada a cabo con los bienes de Sijena.
Los distintos peritos y expertos convocados por ambas partes plantearán sus respectivos argumentos en defensa de sus posiciones, con el nombre del obispo leridano Josep Messeguer como pieza fundamental en la defensa de la postura catalana.
Josep Messeguer, según la representación catalana, se hizo con las piezas de las parroquias mediante supuestas donaciones y compras a sus titulares, una posibilidad que la parte aragonesa cuestiona dado que el Vaticano no permite este tipo de operaciones en el seno de la iglesia.
Un puesta en cuestión, han añadido las citadas fuentes, que ya respaldaron los tribunales vaticanos en sus decretos al no dar validez ni credibilidad a los documentos aportados por la diócesis Catalana en relación a las supuestas operaciones.
Estas fuentes han añadido que tras el conflicto surgido entre Aragón y Cataluña por los bienes de las parroquias, el Vaticano decidió dar marcha atrás a otras delimitaciones de ajustes eclesiásticos para evitar nuevos conflictos.
Tres años después de aprobarse el decreto de segregación de las iglesias catalanas, la Nunciatura papal en España descartó desgajar de la Diócesis de Tortosa (Tarragona) varias parroquias situadas en la Comunidad Valenciana, según dichas fuentes, ante las tensiones surgidas entre fuerzas nacionalistas de ambos territorios.
