(Actuall) Pedro Fernández Barbadillo es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor por la Universidad San Pablo-CEU. Además, realizó el máster de Periodismo que imparte la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con el diario El País.
Ha trabajado en diversos medios de comunicación, así como en ámbitos profesionales relacionados con la edición de libros. Es columnista de Actuall desde su fundación en el mes de octubre de 2015 y ahora da el salto a la política partidista como candidato al Senado por Vox en Valladolid.
¿Qué hace un tipo como usted cruzando el armario de Narnia desde el periodismo a la política de partidos?
He dado este paso por un motivo un poco egoísta: para no ir a la cárcel. No porque haya contribuido a vaciar una caja de ahorros, sino por las propuestas del PSOE y de Unidas Podemos sobre la nueva ley de memoria histórica. En la anterior legislatura, las izquierdas querían establecer una verdad oficial sobre la historia de España del siglo XX y castigar con cárcel y multa a quienes disintiesen de ella, como bien sabe HazteOir.org, víctima de las leyes de igualdad de género y acusado de cometer ‘delitos de odio’, el equivalente de los delitos de contrarrevolucionario en las tiranías comunistas.
Por otro lado, quiero contribuir a que España, por fin, sea europea y tenga una derecha nacional y social, desacomplejada frente al Imperio Progre, como ya la hay en Italia, en Austria, en Polonia, en Holanda, en Suecia, en Alemania… La anormalidad en estos años ha sido España, donde ningún partido presente en las Cortes se ha proclamado de derechas o se ha enfrentado a los dogmas de lo políticamente correcto. Todos dicen lo mismo sobre el presidente Trump, la inmigración, la Unión Europea y el Brexit, el feminismo, la caza, la educación… Sólo disienten en subir o bajar impuestos o en mantener o federalizar el Estado de las autonomías.
¿Qué le está sorprendiendo más de la experiencia?
Te das cuenta de que la gente es más inteligente y tiene otras preocupaciones de lo que supone la clase política y la clase opinadora que ocupa las tertulias de televisión.
Aunque la izquierda, tanto el PSOE como Podemos, reduce el golpe separatista en Cataluña a una especie de guiñol en el que se han puesto de acuerdo las derechas para confundir a los españoles y así disimular la corrupción y los recortes, los ciudadanos están preocupados por la posibilidad de ruptura de España y también indignados por la soberbia de los nacionalistas. El patriotismo es un sentimiento natural e imprescindible en toda comunidad política, que en España ha estado ridiculizado durante décadas, pero que ha despertado y mueve a todas las clases sociales.
Otros asuntos que importan son el despoblamiento del campo; el exceso de burocracia, que ahoga muchos negocios; la inmigración que ni se integra en nuestra sociedad ni produce; el aborto; la baja calidad de la educación; etcétera.
Me ha sorprendido el acercamiento de muchos jóvenes a la caseta de VOX en el Paseo Zorrilla, que vienen a buscar el programa, a darnos ánimos y hasta a rascarse el bolsillo para comprar pulseras o insignias. Por el contrario, me apena que algunas personas mayores nos pidan las papeletas para ir con ellas al colegio electoral, porque, según nos dicen, no quieren que les vean coger la papeleta de VOX en el colegio electoral. El miedo a ser ‘fichado’ existe no sólo en pueblos vascos, catalanes y navarros, donde el nacionalismo impone su dictadura, sino también en ciudades que creemos libres de esta opresión.
¿En qué leyes le gustaría intervenir de ser elegido senador para la próxima legislatura?
Como repite Santiago Abascal en todos sus mítines, VOX es partidario de la derogación de las leyes de memoria histórica y de violencia género. La primera restringe la libertad; y la segunda discrimina a los varones y fomenta la guerra de sexos. Me enorgullecería participar en borrar estas leyes de los códigos legales.
También me encantaría contribuir a aprobar una ley que estableciese la custodia compartida de los hijos como criterio preferente, para acabar con las disputas entre los padres y con muchas denuncias falsas, ésas que nos dicen los demás partidos que no existen; y otra de apoyo a la maternidad y al no nacido.
Por último, como parlamentario de una provincia castellana quisiera hacer todo lo que pudiera para darle la vuelta a la despoblación, que es un fenómeno alarmante en el norte de España y colaborar con la propuesta de Pablo Sáez, candidato al Congreso, de impulsar la industria en Valladolid.
¿El Senado debe ser reconfigurado o suprimido, como proponen ustedes con las Comunidades Autónomas?
En VOX proponemos un nuevo sistema electoral que elimine las listas cerradas y bloqueadas, reduzca el poder de los partidos en la política y elimine los privilegios de los partidos nacionalistas en la formación de Gobiernos y aprobación de Presupuestos. El Senado, en la Constitución apenas tiene competencias, cuando podría ser una Cámara tan importante como lo es en Italia, sobre todo teniendo en cuenta la creciente complejidad del Estado autonómico.
La eliminación del Senado sólo podría hacerse mediante una reforma constitucional. Y mientras no se hayan suprimido las autonomías y reformado la elección del Congreso y el resto del Estado no parece prudente. Por ejemplo, ¿quién nombraría los vocales del CGPJ y los magistrados del Tribunal Constitucional que ahora nombra el Senado?, ¿y qué pasaría con el procedimiento del artículo 155 para intervenir las comunidades autónomas que, como dice el texto, atenten gravemente contra el interés general de España?
Mientras tanto, en la próxima legislatura, el Senado tiene que convertirse en un altavoz donde también se escuchen las propuestas de sentido común que plantea VOX.
Siendo la cámara de representación autonómica ¿cuál es su propuesta en el Senado para combatir el nacionalismo centrífugo?
Es un problema de cultura y de ‘ambiente’. Durante décadas, los nacionalismos y la izquierda han manipulado a los españoles no sólo deformando los hechos históricos, sino inventando mentiras, como la toma de Barcelona por las tropas borbónicas en 1714 o esta misma semana que se ha celebrado el Día de Villalar, la rebelión comunera.
Desde los años 70, la izquierda castellana presenta a los comuneros incluso como partidarios de una especie de socialismo y de propiedad colectiva de la tierra, cuando fue una rebelión dirigida por un sector de las burguesías mercantiles de algunas ciudades castellanas. Desde luego tenemos que presentar la verdad histórica contra la mentira, pero el conflicto con los separatistas no sé solucionará sólo con una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Entonces, ¿qué propone?
Hay que hacer algo tan revolucionario en España como es aplicar la ley. A los ciudadanos a los que se les olvida declarar un ingreso o se retrasan en un pago fiscal, Hacienda les cruje. En cambio, el Estado negocia con los nacionalistas que incumplen sentencias del Supremo y del Constitucional, que montan entramados de corrupción y organizan referendos ilegales. Una de las ministras socialistas, Meritxell Batet, ha dicho que «no se puede imponer el marco constitucional» a los catalanes que lo rechazan. ¿Y se puede imponer la recaudación de impuestos a quienes rechazan el IVA y el IRPF?
Los primeros movimientos para desarmar el separatismo vasco y catalán son considerarlos un peligro para la paz social y desenchufarlos del Presupuesto. Hasta ahora ser nacionalista, despreciar a los demás españoles y conspirar contra la Constitución, acarrea todo tipo de beneficios, empezando por la superioridad moral y siguiendo por la cuenta corriente. En cambio, quien es leal a España sufre una especie de ‘apartheid’, que para mayor agravio paga con sus impuestos. En cuanto el atacar a España cueste dinero, el nacionalismo empezará a desinflarse.
