(Agencias/InfoCatólica) El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el acuerdo por el que se resuelve el procedimiento para la exhumación de Francisco Franco. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha calificado esta decisión como un «acto de Estado, político e histórico» que contribuirá a la «convivencia» de todos los españoles. Delgado ha reconocido que se ha tratado de un procedimiento «difícil y complicado» porque al decidir dar entrada a los interesados, sus demandas han supuesto un «verdadero obstáculo» para el avance del proceso, llegando a promover hasta 14 recusaciones de los instructores del expediente.
La exhumación del Jefe del Estado, Francisco Franco, partió de un Consejo de Ministros del 24 de agosto en el que se amplió el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, añadiendo la previsión de que nadie que no haya sido víctima de la Guerra Civil podría estar inhumado en el Valle de los Caídos. «Franco no cumple esta previsión, estos requisitos, por lo que está enterrado indebidamente», ha resuelto la ministra. La intención del General, según consta en sus últimas voluntades era ser enterrado en El Pardo, junto a su esposa. Fue su sucesor en la jefatura del Estado, el rey Juan Carlos I, el que acordó que fuese enterrado en la Basílica.
En el día de hoy, se ha producido, en palabras de Delgado, «la culminación de un expediente histórico», aunque la efectiva exhumación se antoja todavía un tanto lejos. Por el momento, el Gobierno ha dado 15 días a los familiares -se ha reducido a este grupo la condición de interesados- para que comuniquen dónde procede la inhumación, con la salvedad de la catedral de la Almudena. Un enclave que no cumple los requisitos de orden público ni de la propia Ley de Memoria Histórica, que impide la exaltación y enaltecimiento en lugares públicos.
Si dentro de la familia no hubiera acuerdo o no respondieran al requerimiento del Gobierno, la decisión de la inhumación recaería subsidiariamente en el Ejecutivo que tendría que adoptar en Consejo de Ministros el acuerdo sobre el nuevo enclave para los restos de Franco. El Gobierno defiende que se «ha hecho lo que se tenía que hacer», actuando con «seriedad y seguridad jurídica». Sin embargo, la familia ya ha anunciado que recurrirá la decisión al Tribunal Supremo, un horizonte judicial en el que la ministra de Justicia no ha querido entrar. «No voy a hacer justicia ficción, hasta que no se cumplan los plazos no sabemos lo que va a pasar», ha resuelto.
«Exhumar a Franco por razón política es un ejercicio de arbitrariedad y discriminación»
El diario El Independiente ha publicado extractos del escrito de apelaciones del prior de la abadía, Santiago Cantera, incorporado al procedimiento administrativo que ha instruido el Ministerio de Justicia durante los últimos cinco meses y medio y que llega este viernes a su fin.
El prior considera en el escrito que el traslado de los restos de Franco por «razones políticas o ideológicas» constituye un «ejercicio de arbitrariedad, de discriminación y de irracionalidad» y ha pedido que el Consejo de Ministros acuerde la no exhumación por carecer de autorización eclesiástica, no haber alcanzado el consenso con la familia y por recurrir para su tramitación a una norma «inconstitucional».
El P. Cantera considera que la exhumación no puede llevarse a cabo en los términos planteados por el Ejecutivo si no es vulnerando el Código de Derecho Canónico, el Acuerdo con la Santa Sede para asuntos jurídicos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y varios artículos de la Constitución española, por lo que un eventual acuerdo -en su opinión- «sería radicalmente nulo».
En el escrito, de 37 páginas y fechado el pasado 17 de enero, el benedictino reitera las razones ya esgrimidas el pasado 26 de diciembre para denegar al Gobierno el acceso a la basílica a fin de trasladar el cuerpo momificado de Franco a otra sepultura: la «patente oposición» de la familia del Jefe del Estado a la exhumación y la condición de «lugar sagrado» del templo, lo que exige -en aplicación del Canon 1213 del Código de Derecho Canónico– la preceptiva autorización eclesiástica para que se pueda abrir la losa de granito de tonelada y medio de peso que tapa la sepultura de Franco desde hace más de cuatro décadas.
«No existe por parte de esta Abadía ninguna otra razón -ni personal ni, mucho menos, política- para oponernos a la actuación que este Gobierno pretende llevar a cabo, más allá de la sincera consideración de que haciéndolo, en las actuales circunstancias, estaríamos incumpliendo principios religiosos y morales que no podemos desconocer y afectando, al mismo tiempo, a derechos fundamentales del difunto, causándoles un irreparable perjuicio», expone.
En el voto particular emitido por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Pedro González-Trevijano y Feliciano Barrios -tres de los 13 integrantes de la comisión de expertos a la que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero encargó en 2011 un informe sobre posibles actuaciones en el Valle de los Caídos- ya se advertía de que cualquier intervención en el interior de la basílica pontificia sería «difícil» por la condición de lugar sagrado del recinto y la «inviolabilidad» del templo derivada del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979.
También la Abogacía del Estado, en un dictamen emitido el 9 de marzo de 2017, reconocía la «garantía de inviolabilidad» que tienen los lugares sagrados conforme al artículo I.5 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979. No ha trascendido cómo sorteará el Gobierno de Sánchez en el acuerdo motivado que se adoptará este viernes el importante escollo que supone no contar con el visto bueno de la Iglesia para consumar su proyecto.
Derecho a la libertad religiosa
La comunidad benedictina considera que se vulneraría también el principio de neutralidad que ha de observar el Estado respecto a las actuaciones que afecten al derecho fundamental a la libertad religiosa o de culto, por cuanto se ordenaría la exhumación de los restos mortales de «un católico, que yace en lugar sagrado, en contra de la voluntad de sus familiares y por un motivo de carácter, exclusivamente, político o ideológico». Ello, añade, supondría una «flagrante violación» del artículo 16.1 de la Constitución Española y del artículo 9 del CEDH.
El prior sustenta también su oposición en la «inconstitucionalidad» de la norma jurídica elegida por el Gobierno para tramitar el proyecto: el real decreto-ley, aprobado el pasado 24 de agosto y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El escrito de alegaciones defiende que no concurren en este caso los dos requisitos esenciales que exige esta modalidad de disposición legislativa: la «extraordinaria y urgente necesidad» y que no afecte «a los derechos y deberes fundamentales» de los ciudadanos regulados en la Constitución (Título I).
«¿Qué extraordinaria y urgente necesidad puede existir, respecto a la actuación que se pretende, en el año 2018, que no existía en el año 2011, o en el año 2007, o en el año 1976, o en el año 1978?», se pregunta retóricamente. El próximo 23 de noviembre se cumplirán 44 años desde que fue enterrado Franco en la basílica del Valle de los Caídos. Pedro Sánchez no había cumplido entonces los cuatro años.
El prior ve vulneraciones del Código de Derecho Canónico, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Acuerdo con la Santa Sede y la Constitución española
Santiago Cantera afea que el citado decreto-ley invoque un supuesto «clamor popular» para justificar la concurrencia de la exigencia de la urgencia que es «inexistente». Apelando a los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el prior recuerda que desde 2001 no aparece «ninguna inquietud ni sentir social sobre el destino del Valle de los Caídos y la exhumación de los restos allí enterrados» y rechaza que el hecho de que se aprobara una proposición no de ley en 2017 colme la exigencia de la perentoriedad.
«No existe justificación razonada alguna por parte del Ejecutivo que acredite la existencia de este presupuesto habilitante; ni se ha acreditado la concurrencia de las notas de ‘excepcionalidad, gravedad y relevancia’ que impidieran tramitar la disposición por los cauces legislativos ordinarios o, incluso, mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno», detalla el escrito. Y añade: «Buena prueba de la inexistencia de excepcionalidad alguna es que la situación se ha mantenido a lo largo de 43 años sin que, hasta hoy, la sucesión de gobiernos de diferentes signos haya considerado que las inhumaciones existentes constituyeran una situación excepcional que reclamaba una solución inmediata».
Por ello, la orden religiosa considera que Pedro Sánchez ha recurrido a una «artificiosa situación de extraordinaria y urgente necesidad» cuando los restos de Franco permanecen en la misma sepultura desde 1975, utilizando el decretazo con la finalidad de «obstaculizar» el derecho de defensa de los interesados al impedir su «impugnación directa» ante los tribunales de Justicia.
El monje, igualmente, expone que la medida proyectada por el Gobierno socialista es «desproporcionada», por cuanto para trasladar la momia de Franco se dicta una norma que «implica» la exhumación de los 20 benedictinos que yacen en el cementerio de la abadía -algunos enterrados antes de la muerte del vencedor de la Guerra Civil- y las otras 172 personas que descansan en el interior del templo y que murieron después de que hubiera terminado la contienda en 1939. La redacción del decreto-ley es clara: «Sólo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra».
Norma «improvisada»
El prior llega a la conclusión de que el Gobierno de Pedro Sánchez, que anunció el pasado 27 de junio su intención de sacar los restos del gobernante en verano, redactó la citada norma «de forma improvisada» y sin reparar en que en Cuelgamuros estaban enterradas otras personas -al margen de Francisco Franco- que no habían muerto a consecuencia de la Guerra Civil.
«Estamos ante una norma legal de clara finalidad sancionadora que pretende penalizar la memoria de un fallecido y, al mismo tiempo, afecta al derecho a la memoria defuncti y a los derechos fundamentales de numerosas personas», concluye el escrito. Éste reprocha que Rodríguez Zapatero creara «un problema inexistente» cuando encargó un informe a un comité de expertos hace siete años. Ese dictamen recomendaba que se alcanzara «un amplio consenso entre todos los afectados» que el actual presidente del Gobierno no ha logrado.
