(AICA) La Federación de Asociación Educativas Religiosas de la Argentina (Faera) manifestó su indignación por «la injusta y falaz campaña de desacreditación» que están sufriendo muchos colegios católicos del país por defender sus idearios al dictar Educación Sexual Integral (ESI).
«Nos resulta doloroso que se mienta y nos inquieta lo que se esconde detrás de esas mentiras», advirtió en una declaración titulada «La libertad de enseñanza, un derecho».
Faera rechazó «las agresiones y las descalificaciones» que sufren muchos colegios católicos, como el Colegio Calasanz de la Ciudad de Buenos Aires, por sostener sus derechos a la libertad de conciencia, a la libertad de enseñanza y a la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
«Rechazamos y condenamos la mentira y la desacreditación», sostuvo, y recordó: «Ofrecemos, desde hace varios siglos, una propuesta educativa basada en el Evangelio, con una identidad clara, que es reconocida por muchos y que debe ser respetada, como muchas otras que enriquecen nuestro sistema educativo».
«Ofrecemos nuestras manos, experiencias y saberes a toda la sociedad, nuestro aporte es público y abierto para todos los que lo deseen, y no podemos callar ante las difamaciones y errores conceptuales graves que procuran deslegitimar y limitar la acción de los diferentes actores sociales en el campo educativo», concluyó.
Texto de la declaración
La Comisión Directiva de Faera desea manifestar su indignación por la injusta y falaz campaña de desacreditación que están sufriendo muchas instituciones educativas católicas en diversos puntos de nuestro país, con el argumento de que dichos centros rechazan la normativa vigente en materia de educación sexual integral. Nos resulta doloroso que se mienta y nos inquieta lo que se esconde detrás de esas mentiras.
Estamos seriamente preocupados porque, a través de la manipulación de información y de sucesivas falacias, se quieren cercenar tres derechos humanos fundamentales. Se trata de desdibujar el papel primario de los padres como educadores de sus hijos; se intenta limitar la libertad de enseñanza; se busca menospreciar la libertad religiosa y de conciencia de cada persona.
Detrás de las noticias falsas sobre temas puntuales se esconde algo más profundo y decisivo: el debate de fondo sobre la configuración del modelo educativo argentino, entre la efectiva libertad de enseñanza o la hegemonía estatal uniformadora. Percibimos una notable confusión entre lo público y lo estatal, conceptos que en la actualidad se quiere presentar como sinónimos. Observamos que se pretende naturalizar, en materia de pensamiento, una cierta hegemonía estatal sobre la pluralidad de enfoques y miradas existentes en la sociedad. Todo ello en un ambiente social, cultural y mediático donde prima la descalificación de todo lo religioso y más particularmente, de lo católico, porque, como bien expresara hace unas semanas monseñor Ojea, parecería que decir algo bueno sobre la Iglesia no es políticamente correcto.
Lo verdaderamente grave de estas posturas es que nos alejan de ser una sociedad plural, abierta, donde se puedan expresar diferentes opiniones y se encuentren diversos caminos en procura del bienestar general. Cuando dirigentes y funcionarios menosprecian el valor de los idearios institucionales desconocen la pluralidad a la hora de cumplir con los programas y los contenidos y pretenden imponer una única mirada, un único sentido, una ideología.
Frente a estos errores y confusiones, FAERA entiende que lo público es el espacio común de encuentro entre el Estado y la sociedad, encuentro a la larga fecundo cuando hay buena fe, y que consolida la vida democrática y el progreso de una sociedad. En materia educativa es legítima la principalidad del Estado para diseñar, en diálogo con todos los actores del sistema, las políticas que favorezcan una educación integral, de calidad y para todos, pero dicha principalidad no se puede ejercer negando los derechos esenciales de los ciudadanos, porque enseñar y aprender en un marco plural y democrático es la concreción, en el siglo XXI, del principio de libertad de enseñanza. Las comunidades religiosas y los particulares no desarrollan su actividad educadora por delegación o en nombre del Estado, sino por derecho propio en ejercicio de su libertad constitucional de enseñar.
Sostenemos que la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza y la libertad para elegir el tipo de educación que se quiere para los hijos son derechos inalienables, garantizados constitucional e internacionalmente, y que deben ser reconocidos y protegidos por todos, en primer lugar por el Estado.
Rechazamos las agresiones y las descalificaciones que sufren muchos colegios católicos, como las que ha sufrido el Colegio Calasanz de la Ciudad de Buenos Aires, por basarse en estos derechos y defender su vigencia, sin por ello negar el orden jurídico ni desconocer sus obligaciones. Rechazamos y condenamos la mentira y la desacreditación. Ofrecemos, desde hace varios siglos, una propuesta educativa basada en el Evangelio, con una identidad clara, que es reconocida por muchos y que debe ser respetada, como muchas otras que enriquecen nuestro sistema educativo. Ofrecemos nuestras manos, experiencias y saberes a toda la sociedad, nuestro aporte es público y abierto para todos los que lo deseen, y no podemos callar ante las difamaciones y errores conceptuales graves que procuran deslegitimar y limitar la acción de los diferentes actores sociales en el campo educativo.
