(CatholicHerald) Los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, Tesorería y Trabajo publicaron dos reglas actualizadas relacionadas con la protección de la conciencia para organizaciones e individuos en relación con el mandato de anticoncepción del HHS.
Bajo las nuevas reglas, las organizaciones e individuos que se oponen a las disposiciones del controvertido mandato por motivos religiosos o morales estarán exentos.
De acuerdo con un comunicado de prensa de HHS, las nuevas reglas «proporcionan una exención del mandato de cobertura anticonceptiva a las entidades e individuos que se oponen a los servicios cubiertos por el mandato sobre la base de sinceras creencias religiosas».
«Por lo tanto», dijo el comunicado, «las entidades que han sostenido sinceramente las creencias religiosas contra el suministro de servicios anticonceptivos (o servicios que consideran abortivos) estarán exentas del mandato y ya no se les exigirá que brinden dicha cobertura».
Las nuevas reglas también cubren organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas e individuos que tienen «convicciones morales no religiosas» en contra de los servicios cubiertos por el mandato.
Mark Rienzi, presidente del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, elogió las nuevas reglas y dijo que marcaban el final de una «guerra cultural larga e innecesaria».
Según la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, los planes de seguro de salud provistos por el empleador deben cubrir ciertos «servicios preventivos». Estos se definieron por orientación emitida por la Administración de Obama que incluye todos los métodos anticonceptivos aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos, incluidas las píldoras anticonceptivas abortivas, DIU, y procedimientos de esterilización.
Esta disposición no se incluyó en el proyecto de ley original, pero fue anunciada en enero de 2012 por la entonces secretaria de HHS, Kathleen Sebelius.
Inicialmente, no hubo excepciones para quienes se oponen a la distribución de anticonceptivos debido a sus creencias religiosas profundamente arraigadas. Eventualmente, se hizo una exención, pero era tan estrecho en su alcance que excluía órdenes religiosas como las Pequeñas Hermanas de los Pobres.
Las Hermanitas de los pobres, junto con varias otras organizaciones, incluida EWTN, presentaron una demanda contra el HHS por el mandato.
Rienzi, cuya organización representó a las Pequeñas Hermanas de los Pobres, dijo que el cambio en la política de administración significaba que la atención ahora podía dirigirse a los casos en curso en los estados.
«Hoy, por fin, el gobierno federal finalizó la regla proporcionando una exención religiosa del Mandato de HHS a las Hermanitas y otras organizaciones religiosas sin fines de lucro».
«Todo lo que queda es que los gobiernos estatales admitan que hay muchas formas de prestar estos servicios sin monjas, y que las Hermanitas pueden volver a servir a los ancianos pobres en paz».
Las Pequeñas Hermanas de los Pobres actualmente están siendo demandadas por la oficina del fiscal general del estado en Pennsylvania y California.
En mayo de 2017, Trump emitió una orden ejecutiva solicitando que se abordaran las objeciones basadas en la conciencia al Mandato Anticonceptivo del HHS.
En octubre de 2017, la administración de Trump anunció exenciones adicionales para proteger a aquellos con objeciones religiosas a la distribución de anticonceptivos. Estos han sido objeto de desafíos legales en curso.
La jueza Wendy Beetlestone del Tribunal del Distrito Federal de Filadelfia emitió un recurso judicial preliminar contra las reglas iniciales del gobierno de Trump el 15 de diciembre de 2017, y dijo que Pennsylvania podría sufrir «daños graves e irreparables» debido a la falta de anticonceptivos rentables «opciones individuales que resultarán en un aumento de embarazos no deseados» que pesan en el estado.
Poco después del fallo de Beetlestone, el juez Haywood Gilliam Jr., del Tribunal del Distrito Federal en Oakland, también bloqueó las reglas de la administración de Trump y dijo que «transformarían la cobertura anticonceptiva de un derecho legal a un beneficio esencialmente gratuito totalmente sujeto a la discreción de su empleador».
Ambos casos fueron apelados por la administración y permanecen pendientes.
En abril de 2018, el juez de la corte de distrito David Russell emitió una orden judicial permanente y una resolución declaratoria contra el mandato de los miembros de la Asociación de Beneficios Católicos.
Russell también dictaminó que el mandato viola la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa al intentar forzar a los empleadores a proporcionar anticonceptivos y esterilización en violación de sus creencias religiosas sinceras.
Las exenciones actualizadas, publicadas el miércoles, no incluirán las empresas que cotizan en bolsa. Los empleadores que aún deseen cubrir los anticonceptivos como parte de su plan de seguro tienen la libertad de hacerlo.
Además de la exención, los empleadores y otros organismos afectados aún pueden optar por organizar un alojamiento de terceros, que proporcionaría cobertura anticonceptiva a sus empleados y sus dependientes, ya sea por medio de una acción independiente por parte de su aseguradora o administrador de seguros.
Un comunicado de prensa del HHS también confirmó que los programas gubernamentales que proporcionan anticoncepción de forma gratuita o con un costo menor para las mujeres de bajos ingresos no se verán afectados por estas nuevas reglas.
Además de estas dos reglas, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid emitieron una regla propuesta relativa a la elegibilidad para los subsidios de primas a través del Intercambio de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Esta regla, titulada «Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA): Intercambio de integridad del programa», busca asegurar que los pacientes sean elegibles para estos subsidios. También propone que los emisores facturen a los pacientes servicios de aborto por separado de otros servicios médicos.
