(Gaudium Press) En la misiva -que está firmada por Mons. Carlos Alberto Sánchez, Arzobispo de Tucumán; Mons. José María Rossi, OP, Obispo de Concepción; y Mons. Demetrio Jiménez, OSA, Obispo de Cafayete-, los prelados recuerdan que «la enseñanza religiosa en las escuelas hunde sus raíces en nuestra constitución provincial».
Señalan, a su vez, que la práctica de la educación religiosa en la provincia «ha dado tantísimos frutos de inclusión e integración entre diversas religiones», y que, incluso, entre los padres que no desean educación religiosa, «se ha logrado, muchas veces, construir un propuesta válida de enseñanza alrededor de los valores».
Los obispos de la provincia de Tucumán también indican que los docentes de religión que trabajan en el estado, «tienen todos la capacitación y la profesionalización acreditada ante las autoridades provinciales conforme a las normas que rigen para todo docente».
En el comunicado los prelados hacen énfasis en que el pueblo tucumano, y en general el argentino, «comprende a cada ser humano como un ser abierto a la trascendencia», y por lo tanto esta apertura a lo trascendente «no es vivida solamente como una conciencia individual y privada, sino ante todo como una experiencia popular».
Por esta razón, los prelados manifiestan: «Una educación integral debe comprender el desarrollo de estos aspectos que hacen a nuestra cultura».
En la misiva, los obispos plantean una propuesta invitando al diálogo:
«Nos parece muy importante destacar que lo que debemos debatir los tucumanos es la visión de una escuela que nos incluya a todos, por eso deseamos abrir un espacio de diálogo con las personas interesadas».
«Como comunidad católica estamos dispuestos a ofrecer nuestros mejores esfuerzos en pos de este ideal de convivencia, de tal modo que así como no debemos imponer, tampoco debemos eliminar una propuesta que es vivida como un bien para todos».
Los padres de familia que piden se deje de enseñar la religión, plantean que «Tucumán es la única provincia del país en la que todavía se enseña la religión católica apostólica romana en las escuelas públicas» y que, por lo tanto, «es una medida discriminatoria e inconstitucional, porque no se respeta la libertad de culto», según palabras de Lita Alberstein, una de las impulsoras de este amparo, que es citada por el diario La Nación.
